El estancamiento del aborto legal en Chile: un debate sin votos ni acuerdo
En un escenario que parecía encaminado a un cambio legislativo significativo, el proyecto de aborto legal en Chile se ha convertido en un símbolo del estancamiento político y la fragmentación interna de la coalición oficialista. Desde que el Ejecutivo anunció en 2024 la intención de permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, la iniciativa ha enfrentado un laberinto de resistencias y negociaciones truncas.
El punto de inflexión llegó en septiembre de 2025, cuando el diputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, declaró públicamente que el proyecto “no tiene los votos” para ser aprobado en la Cámara de Diputados. “El gobierno sabe también con mucha claridad que los votos de la Democracia Cristiana no están para ese proyecto”, enfatizó, dejando en evidencia una división interna que paraliza la agenda legislativa.
Esta negativa no es una sorpresa para los observadores políticos. La DC, históricamente un actor moderado y puente entre posturas conservadoras y progresistas, ha mantenido una postura crítica desde el inicio, lo que ha tensionado la coalición oficialista y debilitado la capacidad del gobierno para avanzar en temas sociales sensibles.
Desde la perspectiva del gobierno, el proyecto forma parte de un compromiso programático y una respuesta a demandas sociales que vienen madurando desde la movilización feminista de la última década. Sin embargo, la urgencia puesta por La Moneda para despachar la iniciativa en un plazo acotado no ha logrado sortear las resistencias parlamentarias.
Por otro lado, sectores conservadores y grupos de oposición han aprovechado esta fractura para consolidar un discurso que apela a la defensa de valores tradicionales y al rechazo de lo que consideran una imposición ideológica. Esto ha profundizado la polarización y dificultado la construcción de consensos mínimos.
En el plano social, la falta de avance ha generado frustración en organizaciones feministas y de derechos humanos, que ven en el proyecto una deuda pendiente con la autonomía y la salud reproductiva de las mujeres. A su vez, voces ciudadanas desde regiones muestran una diversidad de opiniones que reflejan el mosaico cultural y religioso del país.
Comparativamente, otros países de la región han dado pasos hacia la ampliación de derechos reproductivos, aunque con debates igualmente complejos. Por ejemplo, el reciente cambio legislativo en el Reino Unido, que despenalizó el aborto después de las 24 semanas en casos excepcionales, muestra que la evolución en esta materia suele ser lenta y conflictiva.
Finalmente, la realidad que emerge es la de un proyecto que, más allá de su contenido, pone en evidencia las dificultades estructurales del sistema político chileno para abordar temas sociales profundos con diálogo y acuerdos duraderos. La Democracia Cristiana actúa como un actor clave, cuyo rechazo condiciona el futuro del aborto legal en Chile.
Esta situación invita a reflexionar sobre las consecuencias de una agenda fragmentada y la necesidad de construir puentes entre las distintas sensibilidades políticas y sociales para avanzar en derechos y políticas públicas que respondan a la complejidad del país.
En suma, el debate sobre el aborto legal en Chile no solo es una cuestión de votos, sino un espejo que refleja las tensiones y desafíos de una democracia en búsqueda de consensos que permitan superar divisiones históricas y avanzar hacia una sociedad más plural y respetuosa de las diversas realidades de sus ciudadanos.
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Fuentes: Declaraciones del diputado Eric Aedo (DC), análisis parlamentarios, informes de La Tercera (septiembre 2025), comparativas internacionales sobre legislación de aborto.