La alianza Codelco-SQM y el litio: un choque de intereses que redefine el futuro energético de Chile
Un acuerdo bajo fuego. El 16 de junio de 2025, la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Congreso chileno aprobó un informe crítico sobre la alianza entre Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama. Esta megalianza, que prometía potenciar la posición de Chile en el mercado global del litio, se ha convertido en un campo de batalla político y social que revela tensiones profundas sobre la gestión de los recursos naturales y el modelo económico del país.
Desde la presentación del informe, las voces en la Cámara de Diputados se han dividido con nitidez. Por un lado, la oposición, representada por figuras como Catalina del Real y Cristian Tapia, ha denunciado la falta de transparencia en las negociaciones y la opacidad en los beneficios económicos reales para Chile. En sus exposiciones, han cuestionado la legitimidad del proceso y han pedido la anulación del acuerdo, apelando a la soberanía nacional y a la protección del patrimonio común.
En contraste, sectores del oficialismo y representantes regionales han defendido la alianza como una oportunidad estratégica para posicionar a Chile en la cadena global de valor del litio, un mineral clave para la transición energética mundial. “El litio es el motor del futuro, y esta alianza es un paso necesario para asegurar nuestra competitividad,” afirmó un parlamentario oficialista en una sesión posterior.
Más allá del debate político, la controversia ha movilizado a comunidades locales y organizaciones ambientales, que alertan sobre los riesgos socioambientales asociados a la explotación intensiva en el Salar de Atacama. Reportes recientes indican un aumento en la tensión por el uso del agua y la afectación a ecosistemas vulnerables, lo que añade una dimensión urgente y tangible al conflicto.
Los expertos en economía y recursos naturales aportan una lectura crítica pero matizada. Algunos analistas señalan que la alianza podría ser un intento de modernizar y diversificar la gestión estatal frente a un mercado global en transformación, mientras otros advierten que sin mecanismos claros de fiscalización y participación ciudadana, el acuerdo podría replicar patrones de extractivismo que han generado desigualdad y conflictos.
El 30 de junio, la votación en sala quedó pospuesta, dejando la incertidumbre política abierta. Sin embargo, la discusión ha trascendido el Congreso y se ha instalado en el debate público como un espejo de las tensiones entre desarrollo económico, justicia social y sostenibilidad ambiental.
En definitiva, la alianza Codelco-SQM no solo enfrenta un desafío jurídico y político, sino que expone un dilema estructural sobre cómo Chile decide administrar sus recursos estratégicos en un mundo que demanda responsabilidad y visión a largo plazo. La polémica no se resuelve con votos, sino con la capacidad del país para equilibrar intereses contrapuestos y construir un proyecto común que no sacrifique ni su patrimonio ni su futuro.
Esta historia está lejos de cerrarse, y sus consecuencias serán un termómetro para la democracia chilena y su modelo de desarrollo en los años venideros.