Valparaíso y el comercio ambulante: ¿ordenanza para regular o para expandir la informalidad?

Un nuevo capítulo se escribe en la historia del comercio ambulante en Valparaíso. El 16 de junio de 2025, la Municipalidad aprobó una ordenanza que regula esta actividad en bienes nacionales y municipales de uso público. Sin embargo, lejos de ser una norma restrictiva, como sugiere el artículo primero que prohíbe el comercio salvo en casos autorizados, la realidad muestra un panorama distinto: una puerta abierta para la expansión del comercio informal en la ciudad-puerto.

Desde su promulgación, la ordenanza ha generado protestas y barricadas por parte de comerciantes desalojados de lugares emblemáticos. Estos actores denuncian haber sido engañados por la alcaldesa, a quien acusan de prometer orden y control, pero que en la práctica estaría favoreciendo una masificación descontrolada. En contraste, comerciantes establecidos alertan sobre el riesgo de competencia desleal, que podría afectar la economía formal y la imagen de Valparaíso.

La normativa divide la comuna en seis sectores, con la intención de ordenar el comercio ambulante, priorizando permisos para personas en situación de vulnerabilidad social: adultos mayores, cuidadoras, jefas de hogar y desempleados. Pero esta priorización, que en teoría busca proteger a los más necesitados, podría abarcar un universo demasiado amplio y dejar espacio a la discrecionalidad y clientelismo en la entrega de permisos. “Esta ordenanza, aunque presentada como un instrumento para recuperar el espacio público, en la práctica abre las puertas a una informalidad difícil de controlar,” señala un académico de la Universidad de Valparaíso.

En el otro extremo, la alcaldesa defiende la medida como “una herramienta concreta para distinguir entre el comercio honesto y las prácticas abusivas o delictuales,” y enfatiza la necesidad de ordenar un fenómeno que, según estudios, involucra a decenas de miles de personas en todo el país, donde cerca del 70% operan sin permiso municipal.

El antecedente de la Municipalidad de Santiago, que en 2023 intentó otorgar mil permisos de comercio ambulante con cuestionamientos por discrecionalidad, sirve de advertencia. La experiencia mostró que sin un marco claro y fiscalización efectiva, las medidas pueden desnaturalizarse y terminar beneficiando a redes clientelares más que a los comerciantes vulnerables.

Hoy, cinco meses después de la aprobación, la fiscalización en Valparaíso se muestra insuficiente para cubrir los seis sectores y controlar la proliferación ambulante. La ciudadanía se encuentra dividida: mientras algunos valoran la oportunidad de sustento que representa el comercio ambulante, otros lamentan la pérdida de orden y la competencia desleal que afecta a los negocios formales.

Este episodio refleja una tensión clásica en las ciudades latinoamericanas: la necesidad de reconocer y proteger formas de economía popular, sin sacrificar la regulación ni la convivencia urbana. La ordenanza de Valparaíso no solo es un desafío para la municipalidad, sino un espejo donde se reflejan las complejidades sociales, económicas y políticas de un país que busca equilibrar formalidad e informalidad.

Conclusiones claras emergen: la regulación del comercio ambulante no puede ser un acto de discrecionalidad ni clientelismo. Debe ser un proceso transparente, con reglas claras y fiscalización eficaz, que proteja a los más vulnerables sin perjudicar la economía formal ni la calidad de vida urbana. Valparaíso está en la encrucijada de decidir si esta ordenanza será un paso hacia el orden o una invitación a la expansión descontrolada de la informalidad.

Fuentes consultadas incluyen reportes municipales, declaraciones de actores sociales y análisis académicos locales.