La sombra del lawfare en América Latina: ¿justicia o herramienta política?: Un fenómeno que redefine la política y la justicia regional

En los últimos meses, la figura del lawfare ha cobrado protagonismo en América Latina, reapareciendo como una sombra que atraviesa la justicia y la política en la región. El caso más reciente y emblemático es la inhabilitación a perpetuidad de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) para ocupar cargos públicos, una decisión que la Corte Suprema ratificó poco después de que anunciara su regreso simbólico al escenario electoral.

Este fallo judicial no solo ha provocado reacciones encontradas, sino que ha reabierto el debate sobre si la justicia se ha convertido en un brazo para proscribir a los adversarios políticos. Desde Israel, el presidente argentino Javier Milei celebró la decisión con un escueto tuit: “Justicia. Fin.”, mientras que CFK denuncia una persecución política, mediática y judicial, evocando paralelos con otros líderes de izquierda como Lula da Silva en Brasil.

Para comprender este fenómeno, es crucial observar el contexto histórico y estadístico: desde 1980, el porcentaje de presidentes latinoamericanos procesados por corrupción ha aumentado del 30% al 56% después del año 2000. Según la politóloga Catalina Smulovitz, de 101 presidentes en funciones entre 2000 y 2022, 57 enfrentaron causas por delitos de corrupción. De estos, 17 denunciaron persecución política y 12 se presentaron como víctimas de lawfare.

Este término, acuñado en la defensa de Lula en 2016, se ha convertido en un marco interpretativo que se utiliza principalmente desde la izquierda para denunciar la selectividad judicial y la complicidad mediática que, aseguran, buscan deslegitimar gobiernos populares. Sin embargo, el fenómeno no es exclusivo de un lado del espectro político: la judicialización de la política afecta a múltiples actores y partidos, aunque la narrativa del lawfare se concentra en la izquierda.

Desde la derecha, en cambio, se sostiene que la justicia está cumpliendo su rol en la lucha contra la corrupción y que las acusaciones de lawfare son una estrategia para evadir responsabilidades. Este choque de percepciones alimenta una polarización social que se refleja en las calles, los medios y las redes sociales.

El debate también se extiende a la legitimidad y autonomía del Poder Judicial. La histórica máxima “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley” resuena con fuerza en los análisis de expertos, quienes advierten que la politización creciente de los tribunales puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.

En Chile, donde la judicialización de la política ha sido menos dramática pero igualmente presente, estas dinámicas invitan a reflexionar sobre cómo fortalecer la independencia judicial sin despolitizar la justicia, un equilibrio delicado que la región aún no ha logrado.

Finalmente, tras meses de análisis y múltiples fuentes, queda claro que el lawfare no es un fenómeno unívoco ni una conspiración monolítica. Es un mecanismo complejo, con raíces en la historia política latinoamericana, que combina estrategias legales, mediáticas y políticas en un escenario de alta polarización.

La verdad que emerge es que, mientras la justicia no recupere legitimidad y transparencia, la tentación de usarla como arma política seguirá creciendo, con consecuencias profundas para la democracia y la cohesión social. En este coliseo regional, no hay vencedores claros: todos pierden cuando la ley se convierte en campo de batalla.