A más de dos meses de que las medidas cautelares más severas sacudieran el panorama político, el caso de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, ha transitado desde el impacto inicial hacia una compleja fase de litigación y reacomodo político. Lejos de ser un capítulo cerrado, los últimos 30 días han demostrado que cada decisión judicial se convierte en un evento con profundas repercusiones políticas. La reciente oscilación entre el arresto domiciliario nocturno y su posterior revocación a un arresto total no solo refleja la batalla legal en curso, sino que también actúa como un barómetro de la influencia y el peso simbólico que Jadue aún proyecta sobre la izquierda chilena.
A mediados de junio, un fallo del 3º Juzgado de Garantía de Santiago pareció ofrecer un respiro al exalcalde, modificando su arresto domiciliario total por uno nocturno. La reacción fue inmediata. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, celebró la decisión como una oportunidad para que Jadue se integrara activamente a la campaña primaria de Jeannette Jara, señalando que su figura podía movilizar a "un mundo de izquierda que no forma parte de la coalición de Gobierno". El propio Jadue reforzó esta narrativa con un mensaje desafiante en sus redes: “¡Nos devolvieron los pasos, pero nunca nos quitaron el rumbo!”.
Sin embargo, la apertura duró poco. Diez días después, la Corte de Apelaciones de Santiago, acogiendo los recursos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, revirtió la medida. El tribunal de alzada consideró que los antecedentes presentados por la defensa “no resultan suficientes ni jurídicamente determinantes para alterar la medida cautelar impuesta”. Este revés judicial devolvió a Jadue al confinamiento total, pero no silenció su voz. Con un permiso especial, logró votar en las primarias del 29 de junio, en una jornada caótica marcada por altercados entre sus adherentes y la prensa, evidenciando la polarización que su figura sigue generando.
El caso se desenvuelve en un campo de narrativas en disputa. Por un lado, la Fiscalía Centro Norte y los querellantes sostienen la gravedad de los delitos imputados —administración desleal, estafa, cohecho y fraude al Fisco, entre otros—, que habrían generado un perjuicio patrimonial superior a los 1.200 millones de pesos a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Desde esta perspectiva, las medidas cautelares restrictivas son una necesidad procesal para asegurar los fines del procedimiento ante una pena que podría alcanzar los 15 años de cárcel.
En la vereda opuesta, el Partido Comunista y la defensa de Jadue han instalado con fuerza la tesis del lawfare o guerra judicial. Argumentan que el proceso es una operación política destinada a anular a uno de los liderazgos más prominentes de la izquierda. Esta visión enmarca cada revés judicial no como un resultado del debido proceso, sino como una confirmación de una persecución orquestada por poderes fácticos.
Una tercera perspectiva, más pragmática y visible en los movimientos tácticos de la coalición de gobierno, sugiere que, independientemente de la culpabilidad o inocencia de Jadue, su situación judicial representa un pasivo político. El triunfo de Jeannette Jara en las primarias y el posterior anuncio de Jadue —adelantándose a la propia candidata— de que ella suspendería su militancia en el PC para representar a una "alianza más amplia", puede interpretarse como un reconocimiento de esta realidad. Es un intento de aislar la nueva candidatura presidencial del estigma del caso judicial, buscando construir un liderazgo con mayor transversalidad.
El proceso judicial contra Jadue es inseparable de su principal legado político: las Farmacias Populares. Este proyecto, que nació en Recoleta y se expandió por todo el país, fue celebrado como un modelo de gestión municipal enfocado en el acceso a la salud a bajo costo. Sin embargo, la investigación fiscal pone en tela de juicio precisamente la gestión administrativa y financiera detrás de esta iniciativa. El caso obliga a una relectura crítica: ¿fue un proyecto social innovador socavado por una mala administración o las irregularidades son inherentes al modelo implementado? La resolución judicial tendrá un impacto directo en la evaluación histórica de una de las políticas públicas más emblemáticas de la última década.
Actualmente, Daniel Jadue permanece bajo arresto domiciliario total mientras la investigación avanza. El proceso judicial está lejos de concluir. No obstante, su confinamiento físico no ha significado su desaparición política. A través de su programa online y sus intervenciones estratégicas, continúa actuando como un actor influyente dentro de su partido y de la izquierda. Su rol ha mutado del de presidenciable al de una figura tutelar, cuyo apoyo y cuya sombra se proyectan inevitablemente sobre la nueva candidata del sector. El caso Jadue, por tanto, sigue siendo una historia en pleno desarrollo, una crónica judicial cuya resolución final no solo definirá el destino de un hombre, sino que también terminará de moldear el tablero político de la izquierda chilena de cara a los próximos desafíos electorales.