Cámara Baja y el pulso final antes de la elección: Presupuesto, acusaciones y promesas en juego
En la última quincena antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 23 de noviembre, la Cámara Baja chilena se convirtió en un escenario donde convergen tensiones, decisiones cruciales y desafíos institucionales que trascienden la inmediatez de la coyuntura electoral.
Desde el 15 de noviembre, la reanudación del debate presupuestario para el año 2026 marcó la agenda legislativa con un ritmo que osciló entre la urgencia política y la complejidad técnica. El Ejecutivo, tras meses de negociaciones, ingresó indicaciones que respondieron parcialmente a las demandas opositoras, aumentando, por ejemplo, el número de subsidios para viviendas DS 49 de 25 mil a 40 mil y mejorando el programa AMA para adultos mayores autovalentes. Además, se habilitó a la Dirección General de Obras Públicas para inversiones hidráulicas, un guiño a regiones que enfrentan crisis hídricas recurrentes.
Sin embargo, este avance se desarrolló en un contexto político cargado. La Cámara Baja debía votar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, cuyo proceso remite a un episodio emblemático ocurrido meses antes con la destitución del juez Antonio Ulloa. Ambos casos evidencian la fragilidad institucional y el desgaste político que enfrenta el Ejecutivo y los partidos que lo sustentan.
El diputado Luis Cuello (PC), promotor de iniciativas para fortalecer regiones puerto, señaló que "la riqueza generada por sectores estratégicos debe quedar en nuestras ciudades y regiones", reflejando la creciente tensión entre centralismo y demandas regionales que también permeó el debate presupuestario.
Por su parte, desde la oposición, voces como la del diputado Miguel Mellado (RN) calificaron el manejo del Gobierno como "tarde, improvisado y con falta de responsabilidad", aludiendo a la gestión de la crisis política que rodeó el caso Monsalve y la acusación a Pardow.
Este episodio, que culminó con la aprobación en junio de un informe crítico sobre falencias en inteligencia y control de gastos reservados, sigue resonando en la Cámara, evidenciando una crisis de confianza en las instituciones y en la capacidad del Ejecutivo para liderar con transparencia.
En paralelo, la agenda legislativa mostró signos de estancamiento en otros temas clave, mientras el oficialismo y la oposición se concentraban en los puntos álgidos del presupuesto y las acusaciones políticas. La Cámara Baja, aunque no convocada formalmente para iniciar la discusión del Presupuesto 2026 en la semana previa a la elección, se preparaba para una sesión decisiva que debía cerrar el proceso antes del 30 de noviembre.
El escenario electoral añade una capa adicional de complejidad. Con candidaturas presidenciales en disputa y una composición parlamentaria que podría cambiar significativamente, las decisiones tomadas en estos días tendrán un impacto directo en la gobernabilidad y en la capacidad de implementar políticas públicas en el próximo periodo.
En definitiva, el pulso político en la Cámara Baja durante noviembre de 2025 no solo refleja la dinámica electoral, sino que también desnuda las tensiones estructurales del sistema político chileno: la lucha por recursos, la demanda de mayor transparencia y la urgencia de responder a regiones históricamente marginadas. Mientras los parlamentarios se enfrentan en un coliseo de intereses y visiones, el país observa, consciente de que las decisiones tomadas ahora definirán el rumbo del próximo gobierno y la estabilidad institucional en los años venideros.
Conclusiones:
- La combinación de debate presupuestario y acusaciones constitucionales pone a prueba la capacidad de diálogo y acuerdos en un Congreso fragmentado.
- Las demandas regionales y sociales, como los subsidios habitacionales y las inversiones públicas, emergen con fuerza en la discusión financiera.
- La crisis de confianza en las instituciones, evidenciada en casos como Monsalve y Pardow, sigue siendo un desafío central para la política chilena.
- La cercanía de las elecciones intensifica la presión sobre los actores políticos, condicionando la agenda legislativa y la gobernabilidad futura.
Este episodio invita a una reflexión pausada sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad y avanzar hacia una política que articule con mayor eficacia las demandas ciudadanas y las responsabilidades del Estado.