Fiscalía mantiene investigación sobre responsabilidades institucionales en megaincendio de Valparaíso: un año y ocho meses después

El megaincendio que en febrero de 2024 devastó las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando un saldo trágico de 139 fallecidos y miles de damnificados, sigue siendo objeto de una investigación judicial que, a más de un año y medio, no ha cerrado sus capítulos más controvertidos. La Fiscalía Regional de Valparaíso continúa indagando las eventuales responsabilidades penales institucionales vinculadas a la gestión y decisiones previas y durante el desastre, mientras que los nueve imputados materiales permanecen en prisión preventiva.

En esta segunda fase de la pesquisa, el Ministerio Público se encuentra inmerso en la revisión exhaustiva de antecedentes documentales, a la espera de avanzar a la etapa de declaraciones. Según la fiscal regional Claudia Perivancich, la complejidad y volumen de información requieren paciencia, aunque diputados querellantes como Tomás Lagomarsino han expresado públicamente su preocupación por la lentitud del proceso, exigiendo acelerar las diligencias para no prolongar la incertidumbre.

El debate político se ha intensificado, con voces que oscilan entre la defensa de la rigurosidad investigativa y la crítica a la falta de sanciones concretas. El exintegrante de la Comisión Especial Investigadora, Andrés Celis, ha enfatizado que la prioridad es que los responsables, tanto materiales como institucionales, sean debidamente sancionados para evitar impunidad.

En paralelo, el proceso de reconstrucción avanza con un 53% de las medidas implementadas, según informó el delegado presidencial Yanino Riquelme en octubre. 1.153 viviendas ya están en ejecución, terminadas o entregadas, y se han completado 79 de las 163 acciones previstas en el plan regional. Sin embargo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reconoció públicamente los "errores en la gestión política" y la lentitud en la entrega de soluciones habitacionales, llamando a un mayor diálogo político para superar los obstáculos.

En cuanto a la infraestructura básica, las superintendencias de Electricidad y Servicios Sanitarios han reportado avances en la reposición de servicios esenciales, aunque persisten desafíos en sectores donde la reconstrucción aún no comienza.

Este escenario plantea un cuadro complejo donde convergen la tragedia humana, la responsabilidad institucional y la urgencia social. La investigación judicial, lejos de cerrarse, sigue desplegándose con un enfoque riguroso, mientras la reconstrucción física y social de Valparaíso y sus alrededores se enfrenta a críticas legítimas y a la demanda ciudadana de justicia y reparación.

La lección que emerge es clara: el desastre no sólo dejó cenizas materiales, sino también una profunda herida política y social que exige respuestas integrales y transparentes. La verdad judicial, la eficacia administrativa y la participación ciudadana son las claves para que esta tragedia no se repita y para que las víctimas y sus familias encuentren algún grado de reparación y reconocimiento.

Fuentes consultadas incluyen reportes de la Fiscalía Regional de Valparaíso (octubre 2025), declaraciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, informes del delegado presidencial y análisis parlamentarios recogidos por BioBioChile, La Tercera y Radio Universidad de Chile.