Trama Bielorrusa: El vacío en la investigación que pone en jaque la credibilidad judicial
El caso conocido como la trama bielorrusa ha ido revelando un entramado judicial que, a más de un año de investigaciones, sigue sin despejar dudas esenciales sobre la supuesta corrupción en la Corte Suprema. En el centro de la tormenta está la exministra Ángela Vivanco, acusada de recibir sobornos junto a su pareja para influir en fallos de la Tercera Sala que beneficiaron al Consorcio Belaz Movitec (CBM) en litigios contra Codelco.
Desde el inicio, la investigación ha estado marcada por un vacío inquietante: la falta de declaraciones de los 13 jueces y abogados que integraron la sala en esos fallos. Este silencio no es menor, ya que sus resoluciones constituyen la base de las imputaciones. La Fiscalía Regional de Los Lagos, liderando la indagatoria, no ha tomado aún testimonio alguno a estos magistrados, lo que ha generado una profunda insatisfacción en las defensas.
El abogado de Mario Vargas, Sergio Contreras, expresó con contundencia: “En un año y dos meses de investigación, el Ministerio Público tiene un vacío en su indagación. No le ha tomado declaración a los ministros que integraban la sala”. Esta crítica no es aislada, pues el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también estaría evaluando solicitar que se cite a dichos magistrados, entendiendo que su testimonio es fundamental para esclarecer la dinámica interna de la Tercera Sala.
La controversia no se limita a la falta de diligencias. En las audiencias de formalización de los imputados Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, ha emergido la pregunta sobre cómo la exministra Vivanco habría influido en sus pares para obtener fallos unánimes a favor del CBM. Se sabe que en algunos casos los recursos fueron fallados cinco a cero, lo que invita a cuestionar la autonomía judicial y la posible existencia de presiones indebidas.
Por otra parte, los testimonios incorporados en la carpeta investigativa provienen principalmente de relatoras de la sala, quienes revelaron intentos de Vivanco por acelerar la revisión de los recursos. Sin embargo, estos aportes fueron extraídos del expediente del cuaderno de remoción que enfrentó la exjueza en la Corte Suprema, y no de declaraciones directas en el marco de la investigación actual.
Desde diferentes perspectivas, el caso refleja una fractura en la confianza pública hacia el Poder Judicial, que se suma a otras crisis recientes en la institucionalidad chilena. Mientras algunos sectores políticos y sociales exigen transparencia y rigor, otros advierten sobre la necesidad de respetar la presunción de inocencia y evitar juicios anticipados.
En definitiva, la trama bielorrusa no solo pone en tensión la integridad de una sala de la Corte Suprema, sino que también desafía la capacidad del Ministerio Público para avanzar con diligencia y exhaustividad. La ausencia de declaraciones clave no es un simple detalle procesal, sino un síntoma de una investigación incompleta, que puede afectar el curso del proceso y la percepción ciudadana sobre la justicia.
La lección que deja este episodio es clara: sin la participación activa y transparente de todos los actores involucrados, la búsqueda de verdad y justicia queda incompleta, y la sombra de la duda se extiende más allá de las personas acusadas, alcanzando a la misma estructura judicial que debería garantizar equidad y probidad.