Apple Chile enfrenta demanda por prácticas anticompetitivas:¿es legítima la notificación judicial?

Un choque de titanes legales y corporativos se ha desarrollado en el escenario chileno desde junio de 2025, cuando la Asociación Ciudadana de Consumidores Informados y Organizados presentó una demanda contra Apple Inc., acusándola de prácticas anticompetitivas exclusorias y explotativas en la distribución de aplicaciones y servicios de pago en dispositivos iOS e iPadOS.

La demanda fue notificada el 2 de junio en las oficinas de Apple Chile, filial local de la multinacional estadounidense. Sin embargo, la defensa de Apple Chile, representada por abogados del estudio Baker McKenzie, cuestionó la validez de esta notificación, argumentando que fue entregada a una persona que no es funcionario ni residente en Chile y que la filial no fue correctamente notificada. Según Apple, esto 'genera un precedente grave para la garantía del debido proceso' y afecta el derecho de defensa de Apple Inc., la demandada real.

Este detalle técnico —que en apariencia podría parecer un mero formalismo jurídico— ha puesto en evidencia la complejidad de notificar a multinacionales con estructuras descentralizadas. Apple Chile sostiene que el receptor judicial certificó información falsa, pues el domicilio laboral del representante señalado no se encuentra en Chile ni estuvo en el país en las fechas indicadas.

Desde la perspectiva de la Asociación de Consumidores, la demanda apunta a frenar el abuso de posición monopólica que Apple Inc. habría ejercido en el mercado chileno, limitando la competencia y afectando a los usuarios y desarrolladores locales.

Este conflicto judicial no es solo un enfrentamiento entre un gigante tecnológico y un grupo de consumidores, sino que también abre un debate sobre la eficacia y adaptabilidad del sistema judicial chileno frente a empresas globalizadas.

Políticamente, las reacciones se dividen. Algunos sectores progresistas y de defensa del consumidor ven esta demanda como una oportunidad para fortalecer la regulación y la competencia en mercados digitales dominados por pocos actores. En cambio, voces del mundo empresarial advierten sobre el riesgo de crear un clima jurídico impredecible que podría desalentar la inversión extranjera.

Regionalmente, la controversia resuena en otros países latinoamericanos que enfrentan desafíos similares con grandes plataformas tecnológicas, lo que sugiere que Chile podría estar en la vanguardia de un cambio regulatorio en la región.

En términos jurídicos, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) deberá resolver no solo sobre el fondo de la acusación, sino también sobre la forma en que se ha llevado el proceso de notificación, un paso fundamental para garantizar el derecho a la defensa y la justicia equitativa.

Conclusiones:

- La disputa pone en primer plano la tensión entre la globalización de las empresas y la soberanía judicial local.

- La validez de la notificación judicial es un punto crítico que puede determinar el curso del proceso y sentar precedentes para futuros casos.

- Más allá de lo técnico, la demanda refleja una preocupación creciente por el poder concentrado en plataformas tecnológicas y su impacto en mercados y consumidores.

Este caso invita a una reflexión profunda sobre cómo los sistemas legales deben adaptarse para enfrentar nuevas realidades económicas y tecnológicas, y cómo la ciudadanía puede participar en la defensa de sus derechos en ese contexto.

Fuentes: Diario Financiero (16 de junio de 2025), análisis legales y declaraciones oficiales de Apple Chile y la Asociación Ciudadana de Consumidores Informados y Organizados.