Diferencias en peso de drogas incautadas: Un caso que desnuda grietas en la cadena sanitaria y judicial

Un peso que no cuadra y un sistema en jaque

El 5 de noviembre de 2025, la Fiscalía Metropolitana Sur junto a la Brigada Anticorrupción de la PDI realizaron diligencias en el Servicio Metropolitano de Salud Sur, ubicado en San Miguel, tras informes de la Contraloría General de la República que detectaron diferencias en el peso de drogas incautadas por la policía versus las recibidas y posteriormente destruidas por el servicio. Este hallazgo encendió las alarmas sobre la posible existencia de delitos vinculados a la cadena de custodia y manejo de sustancias ilícitas.

El fiscal regional Héctor Barros explicó que se revisan todos los procesos, desde la recepción hasta la destrucción de la droga, incluyendo pericias con equipos de pesaje, para determinar si hubo extravío, sustitución o pérdida por humedad. La investigación busca establecer con claridad si existió algún ilícito y quiénes serían los responsables.

Perspectivas en pugna: entre la fiscalización y la defensa institucional

Desde la Contraloría, representada por la contralora Dorothy Pérez, se ha enfatizado la gravedad de las diferencias detectadas, que no solo cuestionan la eficiencia de los protocolos, sino también la integridad del sistema. “Detectamos diferencias en el peso de la droga incautada y la que recibe el servicio de salud”, señaló durante un foro en octubre, apuntando a la necesidad de una revisión exhaustiva.

Por su parte, la Fiscalía ha adoptado una postura investigativa prudente, reconociendo múltiples causas posibles, desde errores técnicos hasta delitos. Esta dualidad ha generado tensiones entre quienes exigen responsabilidades inmediatas y quienes piden cautela para no prejuzgar.

Voces ciudadanas y sectoriales: desconfianza y exigencia de transparencia

En el escenario público, la noticia ha generado preocupación y desconfianza en la ciudadanía, que observa con escepticismo cómo un proceso tan sensible puede presentar fallas. Organizaciones sociales y expertos en justicia han manifestado la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y asegurar que las investigaciones sean transparentes y efectivas.

Algunos sectores advierten que este caso es un síntoma de problemas estructurales en la coordinación entre organismos policiales, servicios de salud y el sistema judicial, que requieren reformas profundas para evitar la repetición de irregularidades.

Conclusiones y consecuencias a futuro

Este episodio pone en evidencia que la cadena de custodia de drogas incautadas, un proceso clave para la seguridad y la justicia, no está exenta de vulnerabilidades. La combinación de factores técnicos, administrativos y humanos puede abrir brechas que comprometen la confianza pública y la efectividad del sistema.

Las diligencias en curso y las pericias técnicas serán determinantes para esclarecer responsabilidades y definir si existen delitos que sancionar. Más allá de la resolución judicial, este caso debería impulsar una revisión integral de los protocolos y controles, para fortalecer la transparencia y evitar que la corrupción o negligencia socaven la lucha contra el narcotráfico.

La atención puesta en este asunto también refleja una sociedad que demanda mayor rendición de cuentas y que no tolera que las instituciones que deben protegerla se conviertan en espacios de impunidad o ineficiencia.

En definitiva, la historia de las diferencias en el peso de las drogas incautadas es un llamado a la acción para mejorar la gobernanza y la confianza en los procesos estatales, sin perder de vista que cada eslabón en esta cadena tiene un impacto directo en la justicia y la seguridad de todos.