A más de dos meses de que el Presidente Donald Trump promulgara su "Gran y Hermosa Ley" (Big Beautiful Bill) en el marco de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, la prometida "nueva Era Dorada" se percibe más como un complejo campo de tensiones económicas y geopolíticas. El eco de la firma del 4 de julio ya no es de fuegos artificiales, sino de calculadoras echando humo en la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) y de teléfonos sonando con urgencia entre La Moneda y los directorios de las principales mineras chilenas. Lo que comenzó como una ambiciosa reforma fiscal interna, ha mutado en una onda expansiva de proteccionismo cuyo impacto más tangible para Chile llegó el 10 de julio: un sorpresivo arancel del 50% sobre el cobre.
El camino de la ley fue sinuoso y reveló las profundas fisuras en el panorama político estadounidense. Aprobada en el Senado por un voto, el del Vicepresidente JD Vance, la legislación materializa una visión económica dual: por un lado, una generosa extensión de los recortes de impuestos de 2017 que beneficia principalmente a las corporaciones y a los hogares de mayores ingresos; por otro, un drástico recorte en programas sociales como Medicaid (asistencia médica para personas de bajos recursos) y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como cupones de alimentos. Simultáneamente, la ley asestó un golpe a la transición energética al eliminar créditos fiscales para vehículos eléctricos, una medida celebrada por los fabricantes de automóviles tradicionales pero calificada como una "abominación repugnante" por figuras como Elon Musk, CEO de Tesla.
Esta reconfiguración de prioridades internas no tardó en proyectarse hacia el exterior. La retórica proteccionista, que ya se había manifestado en mayo con acusaciones a China de violar acuerdos comerciales, encontró en la nueva ley un vehículo para su implementación. El anuncio del arancel al cobre, justificado por Trump bajo argumentos de "seguridad nacional", fue la primera gran consecuencia de esta doctrina. La medida dejó al gobierno chileno, liderado por Gabriel Boric, y a la industria minera nacional en un estado de completa incertidumbre, al no especificar qué productos del metal rojo serían afectados ni si habría excepciones para países aliados. Esta ambigüedad estratégica parece ser, en sí misma, una herramienta de presión.
La aprobación de la ley desató un coro de reacciones divergentes que ilustran sus complejas aristas:
La "Gran Factura Hermosa" no es un hecho aislado, sino la cristalización de una tendencia global hacia el nacionalismo económico y un desafío directo al orden comercial liberal de las últimas décadas. Es la continuación, con herramientas renovadas, de las guerras comerciales iniciadas en el primer mandato de Trump.
Actualmente, la ley está en plena vigencia. En Estados Unidos, la batalla legislativa ha terminado, pero comienza la contienda por sus consecuencias económicas a largo plazo. Para Chile, el escenario es de alerta permanente. El arancel al cobre entró en vigor el 1 de agosto, y el gobierno y el sector privado aún navegan en la niebla, tratando de descifrar su alcance real y preparándose para nuevos movimientos impredecibles desde Washington. La historia de esta ley no ha terminado; su capítulo más crítico, el de sus efectos reales sobre la economía global y nacional, apenas comienza a escribirse.