El sistema frontal en el sur de Chile: daños visibles y debates sobre la gestión de emergencias

Un sistema frontal que azotó el sur de Chile en junio de 2025 dejó a la vista no solo los daños materiales, sino también las grietas en la gestión de emergencias y las distintas percepciones sociales y políticas que emergen tras la crisis.

Desde el 12 de junio, fuertes precipitaciones y vientos huracanados afectaron las regiones desde O’Higgins hasta Los Lagos, dejando más de 96 mil hogares sin suministro eléctrico y daños en viviendas, infraestructura vial y comunicaciones. Las zonas más golpeadas, como Puerto Montt, Ancud y Lebu, reportaron techumbres desprendidas, rutas bloqueadas por caída de árboles y remociones en masa.

En el epicentro del debate, las autoridades nacionales y regionales desplegaron equipos de emergencia y mantuvieron alertas amarillas, pero la percepción ciudadana fue diversa. Mientras algunos sectores valoraron la rapidez en la respuesta de Bomberos, Carabineros y municipalidades, otros cuestionaron la falta de prevención, especialmente en zonas con antecedentes de vulnerabilidad climática.

“Es urgente revisar los protocolos y fortalecer la infraestructura para evitar que cada sistema frontal se traduzca en tragedia”, señaló un dirigente vecinal de Puerto Montt, que denunció falta de información oportuna y recursos insuficientes para la población afectada.

Desde la perspectiva política, la situación expuso diferencias notorias. El gobierno central defendió la actuación de sus servicios públicos y la coordinación con municipios, enfatizando la complejidad del fenómeno meteorológico. En contraste, partidos de oposición y organizaciones sociales aprovecharon la ocasión para criticar la falta de inversión en prevención y manejo territorial, apuntando a una política pública que, según ellos, no ha aprendido de eventos anteriores.

Un informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que, pese a las medidas adoptadas, hubo dificultades para mantener la conectividad y los suministros básicos, especialmente en comunas rurales y aisladas.

En regiones como La Araucanía y Los Ríos, la caída de árboles y deslizamientos provocaron cortes prolongados en rutas y comunicaciones, complicando la llegada de ayuda y generando inquietud en la población local. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que la restauración del servicio eléctrico tomó días, evidenciando la fragilidad de la infraestructura ante fenómenos extremos.

“Estos eventos nos muestran que el cambio climático no es una amenaza lejana, sino una realidad presente que exige una transformación profunda en la gestión del riesgo”, reflexionó una académica experta en políticas ambientales, subrayando la necesidad de integrar la planificación urbana, la conservación ambiental y la participación ciudadana.

La tragedia marítima en San Pedro de la Paz, con la desaparición de tripulantes tras un accidente vinculado al sistema frontal, añadió un capítulo sombrío que aún está en investigación, recordando que las consecuencias humanas pueden superar las cifras y daños materiales.

Al mirar hacia atrás, esta crisis climática regional no solo dejó daños visibles, sino que puso en evidencia las tensiones entre la urgencia de la respuesta y la necesidad de una estrategia sostenible. La pluralidad de voces —desde autoridades, opositores, expertos y ciudadanos— revela un país en busca de caminos para enfrentar un futuro cada vez más incierto.

Es claro que la gestión de emergencias en Chile debe avanzar hacia un modelo que combine prevención efectiva, infraestructura resiliente y comunicación transparente, para que las próximas tormentas no se traduzcan en dramas evitables.

En definitiva, el sistema frontal de junio de 2025 se instala como un espejo donde se reflejan tanto las vulnerabilidades como las oportunidades de cambio en la relación entre el Estado, la sociedad y el territorio.