Giro en la Ley SBAP: El costo político de no planificar el territorio

Un giro inesperado en la Ley SBAP ha evidenciado la compleja encrucijada entre la protección ambiental y la actividad minera, poniendo en jaque la planificación territorial y la estabilidad política.

El 14 de noviembre de 2025, el gobierno anunció el desistimiento en la definición de los 99 sitios prioritarios, tras fuertes críticas del sector minero que alertaba sobre el impacto en más de 300 pertenencias mineras. La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que esta reversión es 'una muestra más de nuestra disposición al diálogo permanente', subrayando que la política pública debe construirse con consenso para perdurar en el tiempo.

El choque de intereses: minería versus conservación

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) denunció que la definición original de sitios protegidos afectaba a faenas pequeñas, medianas y grandes, amenazando la continuidad de proyectos activos. "Es una expropiación regulatoria", señalaron, alertando sobre un precedente que podría paralizar inversiones.

En contraste, el gobierno defendió la necesidad de equilibrar la minería con la sostenibilidad ambiental y social. Como explicó Williams, "cuando se determinan estos espacios, se excluyen las zonas con actividad minera activa", pero la dificultad radica en las pertenencias mineras sin desarrollo efectivo, muchas detenidas por décadas, que complican la defensa de esos territorios.

Un reflejo del déficit de planificación territorial

Este episodio no es un caso aislado, sino la manifestación de un problema estructural: la falta de una planificación urbana y territorial integral que articule vivienda, transporte, medioambiente y desarrollo económico. Como advirtió Magdalena Vicuña, decana de la Facultad de Arquitectura UC, sin planificación, las ciudades se someten a los intereses del mercado, generando segregación, abandono de periferias y pérdida de espacios ecológicos.

La ausencia de una hoja de ruta clara y consensuada ha provocado que decisiones clave se tomen a destiempo, con costos políticos evidentes y daños sociales y ambientales que se arrastran. La reversión de la Ley SBAP es un síntoma de esta debilidad.

Consecuencias visibles y desafíos futuros

Por un lado, la minería celebra la suspensión temporal, pero mantiene la presión para asegurar que sus derechos y proyectos no se vean amenazados. Por otro, los sectores ambientalistas y comunidades locales reclaman mayor protección y participación efectiva.

La reciente aprobación ambiental del proyecto Nueva Paipote, que moderniza una fundición estratégica con una inversión de US$ 1.700 millones, ilustra otro frente: la necesidad de agregar valor local y desarrollar capacidades industriales que fortalezcan la soberanía minera.

Sin embargo, la coexistencia entre desarrollo y conservación requiere más que proyectos aislados: demanda una planificación territorial robusta, transparente y de largo plazo.

Voces en disputa

- Desde el sector minero, se percibe que "la incertidumbre regulatoria afecta la inversión y la confianza", y que el Estado debe garantizar seguridad jurídica para proyectos activos y futuros.

- Desde el gobierno, se insiste en que "el diálogo y la coordinación interministerial son la clave para políticas sostenibles", aunque reconocen que la definición de sitios prioritarios debe ser revisada y mejor comunicada.

- Las comunidades y ambientalistas demandan mayor participación y respeto por los ecosistemas, "no es posible sacrificar la biodiversidad en nombre del desarrollo económico", advierten.

Constataciones finales

Este caso pone en evidencia que el costo político de no planificar adecuadamente el territorio es alto y tangible. La tensión entre sectores productivos y la conservación ambiental no se resuelve con medidas aisladas o improvisadas.

Chile enfrenta el desafío de construir una planificación territorial que integre las múltiples dimensiones económicas, sociales y ambientales, con participación real y visión de futuro. Solo así podrá evitar que los conflictos se traduzcan en retrocesos regulatorios, pérdidas económicas y fracturas sociales.

La Ley SBAP y su reciente giro son un llamado urgente a repensar cómo se gobierna el territorio, para que las políticas públicas no sean efímeras ni contradictorias, sino sostenibles y coherentes con las necesidades y derechos de todos los actores involucrados.