
Un ciclo que no se detiene. Desde hace años, el Estado chileno ha venido practicando lo que en términos coloquiales se denomina "hacer la bicicleta": usar recursos presupuestarios para cubrir deudas acumuladas, en lugar de asignarlos a nuevas prioridades. En 2025, la deuda de arrastre en los ministerios de Vivienda y Salud supera los mil millones de dólares, una cifra que no solo refleja un problema financiero, sino que se traduce en consecuencias palpables para millones de ciudadanos.
Este fenómeno, lejos de ser un asunto reciente, es el resultado de una práctica sistemática que se ha extendido durante más de una década. "El Estado no es un buen deudor", advierte Diego Navarrete, abogado y analista, quien subraya que esta situación erosiona la confianza entre el sector público y privado, afectando la colaboración necesaria para políticas sociales efectivas.
La discusión política se ha convertido en un campo de batalla donde los actores no solo se cruzan reproches, sino que revelan distintas visiones sobre el origen y las soluciones del problema. Por un lado, el oficialismo reconoce deficiencias y una tendencia a sobrestimar ingresos, pero destaca el control del gasto público logrado en el último periodo. Por otro, la oposición critica la falta de políticas serias de crecimiento y la ausencia de una regla fiscal estricta, responsabilizando a gobiernos anteriores y al actual por perpetuar un círculo vicioso.
Los retrasos en pagos del Serviu han generado demandas que superan los 23 mil millones de pesos desde 2017, afectando directamente la construcción de viviendas sociales y la atención en salud pública. Más allá de cifras, estas demoras impactan la vida cotidiana, especialmente de los sectores más vulnerables.
Desde la perspectiva regional, la problemática se siente con particular fuerza en zonas donde la infraestructura y servicios estatales son más precarios, amplificando la brecha social y territorial. En estas áreas, la falta de cumplimiento presupuestario profundiza la desigualdad y limita el desarrollo local.
En el escenario social, ciudadanos y organizaciones han manifestado creciente frustración. "Cuando el Estado incumple, nos convierte en vasallos sometidos a su arbitrio", reflexiona Navarrete, evocando la idea de Cicerón sobre el Estado de Derecho y la libertad.
La solución no es sencilla ni rápida. Requiere un compromiso transversal que supere las disputas electorales y la tentación de soluciones mágicas. La Ley de Presupuestos debe ser un ejercicio serio de jerarquización, con claridad en las deudas y prioridades, para evitar que el país siga atrapado en la rueda de la bicicleta.
Este escenario nos deja con una constatación clara: la bicicleta financiera del Estado chileno es un síntoma de problemas estructurales en la gestión pública y la política fiscal. Abandonarla implica no solo corregir números, sino reconstruir confianza, fortalecer instituciones y priorizar el bienestar colectivo sobre intereses coyunturales.
La pregunta que queda en el aire es si la clase política y la sociedad civil estarán a la altura de este desafío, o si seguiremos dando vueltas en una rueda que solo genera desgaste y frustración.
2025-10-02