La Grieta en el Uniforme:Cuando el Narcotráfico Desafía la Integridad de las Fuerzas Armadas

Inicio Contextualizado: La Calma Después de la Tormenta

Hace ya más de dos meses que la noticia sacudió la agenda pública: miembros activos de las Fuerzas Armadas de Chile, la última línea de defensa de la soberanía, estaban directamente involucrados en redes de narcotráfico. Lo que comenzó a fines de junio con la detención de seis suboficiales del Ejército en Pozo Almonte, Región de Tarapacá, por trasladar cocaína hacia la capital, escaló rápidamente. En julio, un nuevo caso implicó a funcionarios de la Fuerza Aérea (FACH) en Iquique con el tráfico de ketamina y se hallaron ovoides en otra unidad militar en Colchane. Superado el impacto inicial, el eco de estos eventos persiste, no en el titular inmediato, sino en una pregunta más profunda y estructural sobre la permeabilidad de las instituciones castrenses frente al poder corruptor del crimen organizado.

Desarrollo Analítico: De "Manzanas Podridas" a Falla Sistémica

La cronología de los hechos dibuja una escalada de gravedad. La detención de la banda de suboficiales del Ejército, que operaba entre Tarapacá y la Región Metropolitana, fue el primer campanazo. La reacción inmediata del Ministerio de Defensa, liderado por la ministra Adriana Delpiano, fue calificar el hecho como “inaceptable” y proponer medidas como la rotación periódica del personal en zonas fronterizas para evitar la creación de lazos con redes delictuales. Esta primera respuesta enmarcaba el problema en la conducta individual y la prevención logística.

Sin embargo, los hallazgos posteriores en Colchane y, sobre todo, el caso de la FACH, transformaron la narrativa. Ya no se trataba de un solo grupo, sino de múltiples focos de corrupción en distintas ramas y locaciones. La crisis obligó a una reunión de alto nivel en La Moneda entre el Presidente Gabriel Boric, los ministros del Interior y Defensa, y los comandantes en jefe. El resultado fue un paquete de medidas más robusto: fortalecimiento de la contrainteligencia, equiparación de los controles de vuelos militares a los comerciales y una futura modificación a la Ley de Inteligencia. Se buscaba proyectar control y una reacción institucional contundente.

Pero fue en este punto donde las grietas del sistema se hicieron más visibles. Mientras el gobierno intentaba contener la crisis, surgió un conflicto que expuso las tensiones subyacentes del Estado chileno: una disputa de competencia entre la Fiscalía de Aviación (justicia militar) y la Fiscalía Regional de Tarapacá (justicia civil) por la investigación del caso FACH. Este choque no fue un mero trámite administrativo, sino la manifestación de dos visiones sobre cómo se debe perseguir el delito cuando este viste uniforme.

Perspectivas Contrastadas: Un Diálogo de Sordos Institucional

La crisis generó al menos tres discursos paralelos que, lejos de converger, evidenciaron la complejidad del desafío:

1. La Visión Gubernamental y Política: Encarnada por el Ministro de Seguridad, Luis Cordero, la postura oficial fue la de reconocer la gravedad de los hechos pero negar una “crisis estructural”. Cordero afirmó que no existía evidencia de una “penetración estructural” del narco en las FF.AA., descartando así medidas más drásticas como la citación al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Esta perspectiva busca delimitar el problema para evitar un pánico institucional, enfocándose en soluciones administrativas y legislativas como la respuesta adecuada.

1. La Perspectiva Castrense: Tanto el Ejército como la FACH condenaron públicamente a los involucrados, calificando sus actos de “traición a la patria”. Subrayaron que los sistemas de control interno permitieron detectar las irregularidades, presentándose como parte de la solución. No obstante, la insistencia de la justicia militar en mantener la jurisdicción del caso FACH fue interpretada por otros actores como un intento de manejar la crisis internamente, lejos del escrutinio del sistema de justicia civil, que posee mayor experiencia en la investigación de redes de crimen organizado.

1. La Mirada del Ministerio Público: El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, fue la voz más crítica de esta disonancia. Al afirmar que las disputas de competencia “no contribuyen en nada a la justicia”, apuntó directamente al obstáculo que representa la dualidad de sistemas. Para la Fiscalía, el narcotráfico es un delito común, sin importar quién lo cometa, y debe ser investigado por los órganos especializados del Estado. Valencia, además, vinculó el tráfico de ketamina con bandas transnacionales como el Tren de Aragua, subrayando que estos no son delitos comunes, sino parte de una amenaza criminal compleja y organizada que requiere una respuesta unificada y experta.

Contexto y Estado Actual: Un Desafío Permanente

Estos eventos no ocurrieron en un vacío. Tienen lugar en el norte de Chile, un territorio poroso y estratégicamente vital para las rutas del narcotráfico. La presión económica y la sofisticación de las organizaciones criminales para cooptar funcionarios públicos es un fenómeno global que hoy toca a las puertas de los cuarteles chilenos. La discusión, por tanto, trasciende la disciplina militar y se instala en el corazón de la estrategia de seguridad nacional.

Actualmente, los procesos judiciales y los sumarios internos siguen su curso. Las medidas anunciadas por el gobierno están en fase de implementación. Sin embargo, el debate de fondo sigue abierto y las preguntas clave permanecen sin una respuesta definitiva. ¿Son suficientes las rotaciones de personal y los nuevos controles para blindar a instituciones expuestas a una presión criminal sin precedentes? ¿Resolverá Chile la anacrónica tensión entre la justicia militar y la civil para delitos de esta naturaleza? La grieta en el uniforme ha sido expuesta. Repararla requerirá más que un simple remiendo; exige una reflexión profunda sobre el rol y la fortaleza de las instituciones del Estado en un nuevo escenario de seguridad.