Ley Uber: Crónica de una Regulación Atrapada entre la Promesa y la Burocracia

Inicio Contextualizado: La Calma que Precede a la Norma

Meses después de que la Contraloría General de la República diera luz verde al esperado reglamento de la Ley 21.553, conocida popularmente como 'Ley Uber', el sector de las aplicaciones de transporte vive una extraña paradoja. Lo que debía ser el punto de partida para la formalización de una industria que moviliza a millones de chilenos, se ha convertido en un limbo de incertidumbre. La ley, promulgada en abril de 2023, sigue sin entrar en vigencia porque su reglamento, el documento clave que detalla su aplicación, duerme a la espera de ser publicado en el Diario Oficial. Esta pausa ha transformado la expectación en una creciente preocupación para más de 100.000 conductores y las empresas que ven cómo el horizonte regulatorio, aunque definido, parece inalcanzable.

Desarrollo Analítico: Del Papel a la Realidad, un Camino Obstruido

La aprobación del reglamento en abril de 2025 fue el hito que todos esperaban. Sin embargo, la ruta hacia la implementación se ha topado con un obstáculo fundamental: la brecha entre la norma escrita y la capacidad técnica para ejecutarla. El corazón del problema radica en la creación de un registro electrónico y una plataforma de software que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) debe desarrollar. Esta plataforma es crucial, ya que a través de ella las Empresas de Aplicación de Transportes (EAT) deben reportar en tiempo real información sensible: desde la identificación de cada conductor y vehículo hasta los detalles de cada viaje realizado.

A casi tres meses del visto bueno de Contraloría, las empresas del rubro, agrupadas en gremios como Alianza In, acusan una total falta de comunicación y de especificaciones técnicas por parte del MTT. Sin estas directrices, es imposible para ellas desarrollar las interfaces (API) necesarias para conectar sus sistemas con los del gobierno. El resultado es un punto muerto: el gobierno no publica el reglamento, posiblemente porque la infraestructura tecnológica no está lista, y las empresas no pueden prepararse para cumplir con una ley cuyas reglas de conexión desconocen.

Perspectivas Contrastadas: Un Diálogo de Sordos

La situación ha generado un cruce de declaraciones que evidencia la desconexión entre los actores.

• La Postura de las Aplicaciones: Voceros de Uber, Cabify y DiDi han sido enfáticos en señalar que la incertidumbre actual es consecuencia directa de un proceso sin diálogo. Desmienten haber solicitado prórrogas y aseguran estar a la espera de ser convocados por la autoridad para colaborar. Su principal argumento es que no se puede avanzar en la implementación de requisitos complejos, como la validación de miles de conductores, sin una plataforma operativa. La parálisis, advierten, no solo afecta su operación, sino que pone en riesgo una fuente de ingresos crucial para miles de familias y una alternativa de movilidad para millones de usuarios.

• La Respuesta del Ministerio de Transportes (MTT): Desde la cartera de gobierno, el mensaje es de calma. Afirman que el proceso avanza según lo planificado y que se están desarrollando mecanismos para facilitar la integración de la información. Han sugerido que los retrasos también responden a la necesidad de alinear los procesos con las propias empresas, insinuando incluso que estas habrían solicitado más tiempo, una afirmación que el sector privado niega categóricamente.

• La Visión Crítica sobre la Regulación: Más allá del atasco burocrático, analistas y editoriales han cuestionado el fondo del reglamento. Se le critica por su rigidez y su intento de asimilar un modelo digital dinámico a las normativas del siglo XX que rigen a los taxis. Exigencias como una cilindrada mínima de 1.4 litros, la congelación del registro de conductores por 18 meses y, sobre todo, la obligatoriedad de la licencia profesional A2, son vistas como barreras que podrían restringir la oferta, encarecer las tarifas y desincentivar la participación de conductores ocasionales, uno de los pilares del modelo.

• Los Conductores, en el Centro de la Incertidumbre: Los principales afectados por este compás de espera son los conductores. Se enfrentan al dilema de invertir entre $200.000 y $300.000 pesos y más de 120 horas en obtener una licencia profesional A2, sin saber cuándo será efectivamente exigible. Aunque la ley contempla un período de gracia de 12 meses para este requisito, el reloj aún no empieza a correr.

Contexto Estructural: La Tensión entre Innovación y Tradición

El caso chileno no es aislado. Refleja un desafío global: cómo los Estados-nación, con sus aparatos regulatorios anclados en la era industrial, se adaptan a la velocidad disruptiva de la economía digital. La 'Ley Uber' es un intento de equilibrar la seguridad, los derechos laborales y la competencia leal con la flexibilidad y eficiencia que ofrecen las nuevas tecnologías.

Mientras la regulación general se estanca, el mercado sigue moviéndose. Un ejemplo es la reciente entrada de Cabify como operador oficial en el Aeropuerto de Santiago, con una inversión de 25 millones de dólares. Este hecho, que generó una reacción inmediata y acciones legales por parte de operadores tradicionales como Transvip, demuestra dos cosas: que las plataformas buscan activamente la formalización y que la competencia en el sector es intensa. La ley, precisamente, busca ser el árbitro de estas tensiones, pero su inaplicabilidad actual deja el campo de juego en un estado de ambigüedad.

Estado Actual: Un Futuro en Suspenso

La 'Ley Uber' ha transitado del debate legislativo a un cuello de botella administrativo. El tema ya no es si se debe regular, sino cómo y cuándo el Estado será capaz de implementar la regulación que él mismo diseñó. La pelota está firmemente en la cancha del Ministerio de Transportes, de quien depende la publicación del reglamento y la entrega de las herramientas técnicas para su cumplimiento. Hasta que eso no ocurra, la promesa de un transporte por aplicaciones seguro y formalizado seguirá siendo solo eso: una promesa atrapada en los engranajes de la burocracia.