El Algoritmo de la Expulsión: Cómo la alianza de Trump con la élite tecnológica forjó una maquinaria de deportación masiva y selectiva

Inicio Contextualizado: El Clamor Silencioso

A fines de abril, una imagen aérea captada sobre un centro de detención en Texas reveló un mensaje desesperado: un grupo de migrantes, mayoritariamente venezolanos, había formado un "SOS" humano en el patio. Su temor no era solo la deportación, sino ser enviados a la megacárquel de máxima seguridad de Nayib Bukele en El Salvador. Este evento, lejos de ser un incidente aislado, fue una de las primeras manifestaciones visibles de una nueva y compleja arquitectura de control migratorio implementada por la segunda administración de Donald Trump. A más de dos meses de sus anuncios iniciales, esta política ha madurado, revelando una estrategia que combina la fuerza punitiva, la eficiencia tecnológica y una clara selectividad económica, redefiniendo no solo la frontera estadounidense, sino también las reglas del juego geopolítico.

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La nueva doctrina migratoria se sostiene sobre tres pilares que, aunque comunicados por separado, operan en perfecta sincronía.

El primer pilar es la externalización del castigo. La propuesta de Trump de enviar no solo migrantes, sino también ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos, a la prisión salvadoreña del CECOT, marcó un precedente. A cambio de un pago de seis millones de dólares, El Salvador se convirtió en un socio estratégico para albergar a los "indeseables" del sistema estadounidense. Esta medida se ampara en la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto históricamente reservado para tiempos de guerra que ahora se desempolva para privar a los migrantes de un debido proceso.

El segundo pilar es la inmigración como negocio de élite. En paralelo a la mano dura, se anunció la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el magnate Elon Musk. Su primera gran tarea: gestionar las "visas doradas", un permiso de residencia acelerado para extranjeros que inviertan al menos cinco millones de dólares. Mientras un migrante sin recursos enfrenta la posibilidad de una cárcel en Centroamérica, un millonario puede obtener una residencia en semanas, con un proceso optimizado por un equipo de ingenieros provenientes de SpaceX y Airbnb. Se consolida así un sistema de dos velocidades: una vía rápida y privilegiada para el capital, y una vía de expulsión para la precariedad.

El tercer y más crucial pilar es la infraestructura tecnológica de vigilancia. El nexo entre la política y su ejecución masiva es Palantir Technologies, la compañía de ciberseguridad dirigida por Alex Karp, autodenominado el "techbro" de Trump. Con un contrato de 30 millones de dólares con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el software de Palantir, llamado Gotham, se ha convertido en el sistema nervioso central de la maquinaria de deportación. Este programa integra y analiza masivamente datos de distintas agencias gubernamentales —desde registros del seguro social hasta datos biométricos— para crear perfiles detallados, rastrear movimientos en tiempo real e identificar a personas en situación irregular con una eficiencia sin precedentes. Karp, un filósofo de formación que se enorgullece de su rol en la defensa nacional, personifica la fusión entre el poder de Silicon Valley y la agenda política de Washington.

Perspectivas Contrastadas: Eficiencia versus Humanidad

Desde la perspectiva de la administración Trump, estas medidas son un éxito rotundo. Se presentan como una solución pragmática para la seguridad nacional, el recorte del gasto burocrático y un incentivo para atraer inversión extranjera. La narrativa oficial habla de eficiencia, orden y el cumplimiento de las promesas de campaña.

Sin embargo, para organizaciones de derechos humanos y defensores de las libertades civiles, este modelo representa una grave amenaza. Critican la creación de una "lista maestra" de vigilancia sin supervisión judicial, la aplicación de leyes arcaicas para anular derechos fundamentales y la normalización de un sistema que criminaliza la migración. La alianza con Palantir es vista como la privatización y tecnificación de la persecución humana, donde los algoritmos deciden destinos sin rostro ni contexto.

La experiencia de los deportados ofrece el contraste más crudo. En mayo y junio, dos vuelos con casi un centenar de chilenos deportados aterrizaron en Santiago. Sus testimonios, recogidos por la prensa, hablan de un trato vejatorio. "Nos trataron como unos perros", relató uno de ellos, denunciando haber dormido en el suelo y sufrido el robo de sus pertenencias. Otro afirmó que la mera sospecha por su origen latino era suficiente para la detención: "Te escuchan hablar español, te pescan". Estas voces humanizan las frías estadísticas y exponen el costo real de la eficiencia algorítmica.

Finalmente, la perspectiva internacional muestra la expansión de esta política más allá de las fronteras estadounidenses. La presión no solo se ejerce sobre El Salvador. Informes de medios como la BBC revelan que Estados Unidos ha sondeado a varias naciones africanas, como Nigeria, Senegal y Ruanda, para que acepten actuar como "terceros países seguros", recibiendo a deportados, incluidos venezolanos, a cambio de evitar sanciones arancelarias o restricciones de visados.

Contexto y Estado Actual: Una Nueva Normalidad

El endurecimiento de las políticas migratorias no es nuevo en Estados Unidos, pero la escala, la velocidad y la simbiosis con la élite tecnológica marcan un punto de inflexión. Para Chile, las consecuencias han sido directas, no solo con la deportación de sus connacionales, sino también con la creciente incertidumbre sobre el futuro del programa Visa Waiver, un beneficio que ahora pende de un hilo debido a la percepción de un aumento de la delincuencia asociada a chilenos en EE.UU.

Actualmente, el sistema está plenamente operativo. Las deportaciones continúan, el software de Palantir se perfecciona y la diplomacia de la presión se extiende. Lo que hace unos meses eran propuestas polémicas, hoy son hechos consumados con consecuencias visibles. El debate ya no es sobre si se implementará una política de mano dura, sino sobre los límites éticos y legales de una maquinaria de expulsión que opera con la precisión de un algoritmo y la frialdad de una transacción comercial. La pregunta que queda abierta es si la eficiencia tecnológica puede coexistir con la dignidad humana, o si una está destinada a aniquilar a la otra.