El Fantasma de Guardia Vieja:Anatomía de una Venta que Desnudó las Fracturas de la Memoria Chilena

El Fantasma de Guardia Vieja:Anatomía de una Venta que Desnudó las Fracturas de la Memoria Chilena
2025-07-13
  • Un proyecto presidencial para recuperar memoria histórica derivó en una crisis política, legal y administrativa.
  • El caso expuso severas fallas de probidad y gestión dentro del aparato estatal, costándole el escaño a una senadora.
  • La controversia se ha expandido, abriendo un debate sobre los límites entre el patrimonio simbólico y los negocios con el Estado.

Inicio Contextualizado: La Memoria en el Limbo

Lo que comenzó hace meses como un gesto de reparación histórica impulsado desde La Moneda —la adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja para convertirla en un museo— hoy es un caso de estudio sobre las complejidades de la memoria, el poder y la administración pública en Chile. Lejos de cerrar una herida, la iniciativa la expuso. Hoy, con el contrato de compraventa suspendido en una notaría, una exsenadora destituida y nuevas aristas judiciales que se extienden a otros inmuebles, el fantasma de Guardia Vieja recorre los pasillos del poder, evidenciando las fracturas no solo de la política actual, sino de la forma en que el país se relaciona con su pasado.

Desarrollo Analítico: De Símbolo a Escándalo

La cronología del descalabro es una seguidilla de buenas intenciones y errores críticos. La idea, emanada del propio Presidente Gabriel Boric, buscaba poner en valor un espacio emblemático. Sin embargo, la operación tropezó con un obstáculo fundamental que, increíblemente, fue omitido por los controles internos del gobierno: el artículo 60 de la Constitución. Este prohíbe a los parlamentarios y ministros en ejercicio celebrar contratos con el Estado. Dos de las propietarias del inmueble, la entonces senadora Isabel Allende Bussi y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, estaban directamente afectadas por esta inhabilidad.

El desenlace fue políticamente devastador. El Tribunal Constitucional, en un fallo contundente, decretó la cesación del cargo de Isabel Allende, una de las figuras más emblemáticas del socialismo chileno. Maya Fernández, por su parte, debió renunciar a su cartera. El costo para el gobierno fue altísimo, generando una crisis profunda con su principal socio de coalición, el Partido Socialista, que resintió lo que consideró una negligencia inexcusable.

Las repercusiones internas no tardaron en aflorar. En una comisión investigadora de la Cámara, la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, reconoció que su equipo conocía la norma, desatando la indignación de la familia Allende, que pasó de la gratitud por el gesto presidencial a un sentimiento de traición. A esto se sumó la filtración de una conversación telefónica del exjefe de asesores, Miguel Crispi, quien en un tono coloquial y crítico, calificaba de "incompetente" a la familia y acusaba a la exsenadora de presionar insistentemente por la operación, usando el chilenismo "gueviando". El episodio no solo reveló la tensión generacional y política entre el Frente Amplio y el socialismo histórico, sino que también expuso una cultura de gestión donde la voluntad política pareció primar sobre el rigor técnico y legal.

Perspectivas Contrastadas: Un Mosaico de Responsabilidades

El caso Guardia Vieja no tiene una sola lectura, sino un abanico de perspectivas que reflejan las distintas posiciones en juego:

  • La Visión del Gobierno: Representada por el jefe de gabinete, Carlos Durán, la postura oficial ha sido la de reconocer el error de implementación, pero defender la legitimidad del objetivo. Se enmarca la fallida compra como un problema de procedimiento, no de intención, intentando salvar el propósito de "reivindicación de la memoria" del desastre administrativo. Es una narrativa que busca separar el fin noble de los medios fallidos.
  • La Oposición y la Vía Judicial: Para sectores de la oposición, encabezados por el militante republicano Raimundo Palamara, el caso no es un simple error. A través de acciones judiciales, han planteado que se trata de una vulneración a la probidad y un posible "modus operandi". Su arremetida legal se ha expandido más allá de Guardia Vieja, solicitando la nulidad del traspaso de otro inmueble fiscal a la Fundación Salvador Allende en 2004, argumentando que se saldó una deuda con obras de arte que, según denuncias, nunca fueron efectivamente entregadas al Serviu. Esta perspectiva busca instalar un debate sobre privilegios y uso de influencias.
  • La Defensa de la Fundación Allende: Frente a las nuevas acusaciones, la Fundación ha respondido que el acuerdo con el Serviu fue legal y transparente. Sostienen que las obras de arte están a disposición del servicio público desde 2017, pero que ha sido el propio Estado el que no ha dispuesto de un lugar adecuado para su resguardo, dejándolas en custodia de la fundación. Esta visión apunta a una ineficiencia burocrática del Estado como causa del problema.

Contexto Estructural: La Memoria como Campo de Batalla

Más allá de los detalles legales y políticos, la controversia de Guardia Vieja es un síntoma de la compleja relación de Chile con su historia. La figura de Salvador Allende sigue siendo un potente catalizador de identidades y divisiones. Este episodio demuestra cómo los intentos por monumentalizar la memoria pueden chocar violentamente con los principios de la administración moderna, como la probidad, la transparencia y la igualdad ante la ley.

El caso revela una disonancia fundamental: ¿puede un símbolo histórico estar por encima de las normas que rigen para todos los ciudadanos? ¿Cómo se equilibra el deber de memoria con el deber de probidad? La fallida compra no solo expuso las fallas de un gobierno, sino también las tensiones no resueltas en una sociedad que aún debate cómo y quién debe custodiar su pasado.

Estado Actual: Un Conflicto Abierto

El tema está lejos de cerrarse. La situación jurídica del contrato de Guardia Vieja sigue en un limbo, con los documentos y cheques aún en notaría. La demanda de nulidad sigue su curso en tribunales civiles, ahora ampliada para incluir el edificio de la Fundación Allende en el barrio República. Políticamente, las heridas dentro del oficialismo siguen abiertas y el caso se ha convertido en un flanco permanente para la oposición.

Lo que comenzó como un acto para consolidar un legado, terminó abriendo una caja de Pandora. La venta que no fue ha dejado al descubierto que, en Chile, la memoria no es un refugio tranquilo, sino un territorio en disputa, donde el pasado y el presente colisionan con consecuencias imprevisibles.

La historia trasciende la anécdota de una transacción inmobiliaria para convertirse en un caso de estudio sobre la compleja relación de una sociedad con su memoria histórica. Permite analizar cómo el pasado político sigue vivo en el presente, manifestándose en debates sobre el patrimonio, la responsabilidad de las figuras públicas y la tensión entre lo privado y lo simbólico. El desarrollo de la noticia, desde la venta inicial hasta las repercusiones políticas y legales, ofrece una narrativa completa con múltiples capas de análisis, ideal para una comprensión profunda de las fracturas culturales y políticas contemporáneas.