Lo que comenzó hace meses como un gesto de reparación histórica impulsado desde La Moneda —la adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja para convertirla en un museo— hoy es un caso de estudio sobre las complejidades de la memoria, el poder y la administración pública en Chile. Lejos de cerrar una herida, la iniciativa la expuso. Hoy, con el contrato de compraventa suspendido en una notaría, una exsenadora destituida y nuevas aristas judiciales que se extienden a otros inmuebles, el fantasma de Guardia Vieja recorre los pasillos del poder, evidenciando las fracturas no solo de la política actual, sino de la forma en que el país se relaciona con su pasado.
La cronología del descalabro es una seguidilla de buenas intenciones y errores críticos. La idea, emanada del propio Presidente Gabriel Boric, buscaba poner en valor un espacio emblemático. Sin embargo, la operación tropezó con un obstáculo fundamental que, increíblemente, fue omitido por los controles internos del gobierno: el artículo 60 de la Constitución. Este prohíbe a los parlamentarios y ministros en ejercicio celebrar contratos con el Estado. Dos de las propietarias del inmueble, la entonces senadora Isabel Allende Bussi y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, estaban directamente afectadas por esta inhabilidad.
El desenlace fue políticamente devastador. El Tribunal Constitucional, en un fallo contundente, decretó la cesación del cargo de Isabel Allende, una de las figuras más emblemáticas del socialismo chileno. Maya Fernández, por su parte, debió renunciar a su cartera. El costo para el gobierno fue altísimo, generando una crisis profunda con su principal socio de coalición, el Partido Socialista, que resintió lo que consideró una negligencia inexcusable.
Las repercusiones internas no tardaron en aflorar. En una comisión investigadora de la Cámara, la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, reconoció que su equipo conocía la norma, desatando la indignación de la familia Allende, que pasó de la gratitud por el gesto presidencial a un sentimiento de traición. A esto se sumó la filtración de una conversación telefónica del exjefe de asesores, Miguel Crispi, quien en un tono coloquial y crítico, calificaba de "incompetente" a la familia y acusaba a la exsenadora de presionar insistentemente por la operación, usando el chilenismo "gueviando". El episodio no solo reveló la tensión generacional y política entre el Frente Amplio y el socialismo histórico, sino que también expuso una cultura de gestión donde la voluntad política pareció primar sobre el rigor técnico y legal.
El caso Guardia Vieja no tiene una sola lectura, sino un abanico de perspectivas que reflejan las distintas posiciones en juego:
Más allá de los detalles legales y políticos, la controversia de Guardia Vieja es un síntoma de la compleja relación de Chile con su historia. La figura de Salvador Allende sigue siendo un potente catalizador de identidades y divisiones. Este episodio demuestra cómo los intentos por monumentalizar la memoria pueden chocar violentamente con los principios de la administración moderna, como la probidad, la transparencia y la igualdad ante la ley.
El caso revela una disonancia fundamental: ¿puede un símbolo histórico estar por encima de las normas que rigen para todos los ciudadanos? ¿Cómo se equilibra el deber de memoria con el deber de probidad? La fallida compra no solo expuso las fallas de un gobierno, sino también las tensiones no resueltas en una sociedad que aún debate cómo y quién debe custodiar su pasado.
El tema está lejos de cerrarse. La situación jurídica del contrato de Guardia Vieja sigue en un limbo, con los documentos y cheques aún en notaría. La demanda de nulidad sigue su curso en tribunales civiles, ahora ampliada para incluir el edificio de la Fundación Allende en el barrio República. Políticamente, las heridas dentro del oficialismo siguen abiertas y el caso se ha convertido en un flanco permanente para la oposición.
Lo que comenzó como un acto para consolidar un legado, terminó abriendo una caja de Pandora. La venta que no fue ha dejado al descubierto que, en Chile, la memoria no es un refugio tranquilo, sino un territorio en disputa, donde el pasado y el presente colisionan con consecuencias imprevisibles.