Del Naufragio a la Ley: Cómo una Tragedia en el Mar Marcó la Batalla por los Recursos Pesqueros de Chile

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Dos meses después de que la tragedia de la lancha artesanal Bruma y sus siete tripulantes desaparecidos conmocionara a la comunidad de Coronel, las olas del debate público se han calmado. Sin embargo, bajo la superficie, las réplicas de aquel evento han reconfigurado de manera decisiva el escenario de uno de los conflictos económicos y sociales más persistentes de Chile: la distribución de la riqueza del mar. El naufragio, donde se investiga la presunta colisión con el buque industrial Cobra, no solo dejó un rastro de dolor e incertidumbre —agravado por la posterior y trágica muerte de un tripulante clave del Cobra—, sino que también actuó como un catalizador inesperado en la tramitación de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero. Lo que comenzó como un drama humano en alta mar, terminó por acelerar una ley que hoy divide aguas entre quienes la celebran como un acto de justicia y quienes la denuncian como una vulneración a sus derechos.

Desarrollo Analítico: De la Tragedia a la Trinchera Política

La cronología de los hechos revela una superposición casi perfecta entre la crisis humana y la pugna política. A principios de abril, mientras la Armada y los pescadores artesanales buscaban sin descanso a los tripulantes de la Bruma, en el Congreso avanzaba el proyecto que buscaba modificar la distribución de las cuotas de pesca, reemplazando la cuestionada "Ley Longueira". La empresa Blumar, propietaria del Cobra, no tardó en denunciar que el accidente estaba siendo "utilizado como argumento" en el debate parlamentario para inclinar la balanza a favor del sector artesanal.

Esta percepción de instrumentalización agudizó la ya tensa relación entre ambos sectores. La desconfianza se profundizó con la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Juan Sanhueza, vigía del Cobra y pieza clave en la investigación, cuyo testimonio nunca pudo ser escuchado. Mientras la fiscalía avanzaba en la investigación del naufragio, la industria pesquera movía sus fichas en el plano económico y legal. A fines de abril, Camanchaca y Blumar anunciaron la paralización de inversiones millonarias y la preparación de acciones legales contra el Estado, argumentando que la redistribución de cuotas constituía una expropiación que afectaba gravemente su patrimonio y derechos adquiridos.

Perspectivas Contrastadas: Justicia Social vs. Certeza Jurídica

La aprobación final de la ley en junio dejó en evidencia dos visiones del país irreconciliables:

• La Postura Industrial: Representada por gremios como Sonapesca y empresas como Camanchaca, la industria argumenta que la ley es un "cambio a mitad de camino" de las reglas establecidas hasta 2032, generando una profunda incertidumbre jurídica. Ricardo García, gerente de Camanchaca, fue enfático: "No nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización". Para este sector, la ley no solo reduce su participación en pesquerías clave como el jurel, sino que atenta contra la estabilidad necesaria para la inversión, afectando a toda la cadena productiva, incluidos los fondos de pensiones con inversiones en el sector.

• La Visión Artesanal: Para la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío y otras organizaciones, la ley representa un "reconocimiento histórico". La consideran un paso fundamental hacia una distribución más justa y sostenible de los recursos, corrigiendo los desequilibrios de una legislación anterior manchada por escándalos de corrupción. Si bien admiten que no se cumplieron todas sus expectativas, valoran el aumento de su participación en especies como la merluza común y la anchoveta como una mejora sustancial.

• El Equilibrio del Gobierno: El Ejecutivo, a través del subsecretario de Pesca, Julio Salas, defendió la ley como un "equilibrio necesario" para lograr su aprobación en un Congreso dividido. Argumentó que, incluso en escenarios de escasez, el sector artesanal mejora su posición, como en el caso de la merluza, donde su cuota base aumenta del 40% al 45%. Para el gobierno, la ley busca otorgar mayor equidad y legitimidad al sector, estableciendo un nuevo marco de largo plazo.

• El Análisis Externo: Economistas como Cristobal Huneeus han calificado el resultado como una "solución política enredada" y "accidentada". Advierten que las fórmulas de reparto dinámico, diseñadas para satisfacer a ambas partes, podrían generar incentivos complejos y poco eficientes para las empresas, demostrando la dificultad de traducir acuerdos políticos en reglas de mercado funcionales.

Contexto y Estado Actual: Un Conflicto que Cambia de Arena

Esta disputa no nació con el naufragio de la Bruma. Sus raíces se hunden en la Ley General de Pesca y Acuicultura de 2013, cuya tramitación estuvo marcada por casos de cohecho que minaron su legitimidad social desde el origen. La nueva Ley de Fraccionamiento es, en gran medida, una respuesta a esa crisis de legitimidad, un intento por reescribir un pacto social sobre el uso de los recursos marinos.

Con la ley ya despachada por el Congreso y lista para su promulgación, el conflicto no ha terminado; simplemente ha cambiado de escenario. La batalla legislativa ha concluido, pero ahora se abre un nuevo frente en los tribunales nacionales e internacionales. La industria se prepara para una larga disputa legal, mientras el sector artesanal y el gobierno defienden la nueva normativa. El futuro de la pesca en Chile dependerá de cómo se resuelva esta colisión entre la ley, la economía y la justicia, una tensión que el eco de la tragedia del Bruma no deja de recordar.