El Muro Sanitario: Cuando la Frontera Entró a los Hospitales en República Dominicana

El Eco de una Crisis a Plena Luz

Lo que comenzó en abril como un endurecimiento de la política migratoria en República Dominicana, con redadas en barrios populares cercanos a los polos turísticos de Punta Cana, ha madurado en los últimos meses hasta convertirse en una crisis humanitaria con un rostro inconfundible: el de mujeres embarazadas y recién paridas siendo detenidas en hospitales para su deportación. A más de 60 días de la implementación de estas medidas, la situación en la isla La Española expone las profundas fracturas de una convivencia marcada por la necesidad económica, la tensión histórica y una crisis política en Haití que no da tregua.

El gobierno del presidente Luis Abinader, que desde 2020 ha impulsado una política de mano dura, escaló su estrategia el 6 de abril al anunciar 15 nuevas disposiciones para frenar la migración irregular. Entre ellas, la aceleración de la construcción de una verja fronteriza, el aumento de contingente militar y una que encendería todas las alarmas: un protocolo para verificar el estatus migratorio de pacientes en 33 hospitales públicos. El mensaje fue claro: la frontera ya no solo estaría en los límites geográficos, sino también en las salas de maternidad.

Dos Caras de una Misma Moneda: Soberanía y Deshumanización

Desde la perspectiva del Estado dominicano, las acciones son una defensa legítima de su soberanía y seguridad nacional. El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, ha afirmado que los operativos se expandirán a "todo el territorio nacional" y que se realizan "respetando todos los derechos". El propio presidente Abinader ha sido enfático al señalar que "la República Dominicana no puede ni debe cargar con una crisis que no le pertenece", instando a la comunidad internacional a intervenir en un Haití asolado por la violencia de las pandillas.

El gobierno también promueve una política de "dominicanización" del empleo, buscando reducir la dependencia de la mano de obra haitiana, pilar fundamental en sectores como la construcción y la agricultura. Sin embargo, esta narrativa de control y orden contrasta radicalmente con la realidad que describen organizaciones de derechos humanos y los propios migrantes.

Para Bridget Wooding, directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica), las medidas son "crueles" y contravienen la propia legislación dominicana y los acuerdos internacionales que prohíben la deportación de grupos vulnerables como mujeres embarazadas y menores no acompañados. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha confirmado un "aumento de personas vulnerables entre las deportadas", documentando casos de mujeres lactantes y recién nacidos expulsados en condiciones precarias. "Mi hermana está recién parida y la tienen detenida", relataba un familiar a las afueras de un centro de detención, una frase que encapsula la angustia de cientos de familias.

El Hospital como Última Frontera

El punto más crítico de esta política se materializó el 21 de abril, con la entrada en vigor del protocolo en hospitales. Las imágenes de agentes migratorios en los pasillos de maternidades y los testimonios de detenciones de mujeres en pleno puerperio generaron una ola de indignación. Según cifras oficiales de la Dirección General de Migración, solo entre fines de abril y principios de junio, 186 embarazadas y 559 mujeres en labores de parto fueron detenidas en centros de salud y posteriormente deportadas.

Esta estrategia, justificada por el gobierno como una forma de "ordenar la atención a pacientes extranjeros" y garantizar la "sostenibilidad del sistema hospitalario", es vista por sus críticos como una forma de disuasión que pone en riesgo la vida de madres e hijos. El temor a la deportación podría llevar a muchas mujeres a evitar la atención médica, con consecuencias fatales. "No somos perros", se lamentaba una mujer haitiana, reflejando un sentimiento de deshumanización que permea toda la crisis.

Un Conflicto Estructural sin Salida Aparente

La situación actual no es un evento aislado. Responde a una larga historia de tensiones y a una interdependencia económica innegable. Como señalaba un pastor local que ayuda a los migrantes, fueron los propios empresarios dominicanos quienes, durante décadas, fomentaron la llegada de trabajadores haitianos para levantar la infraestructura turística del país. Hoy, esa misma población es el objetivo de una política que, según analistas como Wooding, también responde a la presión de grupos ultranacionalistas.

Para principios de junio, las cifras oficiales hablaban de más de 153.000 haitianos deportados en 2025, con un récord mensual en mayo. La política de Abinader se mantiene firme, a pesar de los llamados de Naciones Unidas para detener las repatriaciones a un país sumido en el caos. La crisis en la frontera haitiano-dominicana ha dejado de ser un asunto de control migratorio para convertirse en un espejo de las contradicciones de la región: una crisis humanitaria que se desarrolla a la vista de todos, donde la defensa de la soberanía parece trazar su límite en el cuerpo de los más vulnerables.