A meses del megaincendio que dejó 137 fallecidos y un paisaje de devastación en la Región de ValparaÃso, el foco de la noticia se ha desplazado. La detención inicial de funcionarios de CONAF y Bomberos como presuntos autores materiales del fuego fue solo el primer acto de un drama mucho más profundo. Hoy, la investigación ha entrado en una fase crÃtica y reveladora: la que busca determinar las responsabilidades institucionales. La FiscalÃa ha abierto una arista para indagar si la magnitud de la catástrofe fue producto de negligencias en la cadena de mando, desde los municipios hasta el gobierno central.
Las familias de las vÃctimas, a través de sus abogados, han solicitado formalmente que se tome declaración a figuras clave como la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, la exministra del Interior, Carolina Tohá, y el propio Presidente Gabriel Boric. Esta acción no solo busca justicia para sus pérdidas, sino que instala una pregunta incómoda en el debate público: ¿Pudo haberse evitado esta tragedia? La respuesta parece trascender la acción de quienes iniciaron el fuego y apunta a un sistema que, según expertos, estaba diseñado para fallar.
El fuego no avanzó sobre un territorio virgen, sino sobre las fisuras de un modelo de desarrollo urbano profundamente desigual. Datos recientes de TECHO-Chile, publicados meses después de la catástrofe, revelan una realidad alarmante: el número de familias viviendo en campamentos en Chile ha aumentado a más de 120 mil, con un crecimiento explosivo en regiones como ValparaÃso. Muchas de las vÃctimas y de las miles de viviendas destruidas se encontraban en asentamientos informales, emplazados en quebradas y cerros sin la infraestructura básica para la prevención o evacuación.
Esta vulnerabilidad no es un accidente, sino una consecuencia directa de la falta de planificación. Un estudio del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN) y la UC, publicado en julio, arrojó una cifra lapidaria: el 79% de las comunas de Chile no cuenta con planes reguladores que incorporen adecuadamente las amenazas naturales. Las zonas afectadas por el incendio, como Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, son parte de esta estadÃstica. Se construyó y se habitó en zonas de riesgo evidente, mientras la burocracia y la falta de visión polÃtica —la llamada "permisologÃa" que denuncian expertos en logÃstica y urbanismo— impedÃan actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial.
La discusión actual se mueve en dos planos paralelos y, a ratos, contradictorios. Por un lado, la urgencia de la reconstrucción choca con la lentitud del aparato estatal. Las familias afectadas exigen soluciones habitacionales rápidas, pero la entrega de viviendas definitivas avanza a un ritmo que genera frustración y prolonga la precariedad.
Por otro lado, desde la academia y organizaciones civiles, emerge una voz crÃtica que advierte contra el riesgo de "reconstruir la misma vulnerabilidad". La disyuntiva es clara: ¿Se levantarán las mismas casas en los mismos lugares de riesgo, o se aprovechará esta dolorosa oportunidad para repensar el territorio? Esta perspectiva choca con la realidad de miles de familias que no tienen otra opción habitacional y con un Estado que históricamente ha optado por soluciones reactivas en lugar de preventivas.
La tragedia de ValparaÃso se ha convertido asà en un espejo para todo el paÃs. Evidencia una cultura que, como señaló un columnista de la Liga MarÃtima en otro contexto, "gobierna de espaldas" a sus realidades geográficas y sociales. Se planifica como si Chile no fuera un paÃs de terremotos, tsunamis e incendios, ignorando que la próxima catástrofe es solo una cuestión de tiempo.
El megaincendio de ValparaÃso no es un capÃtulo cerrado. La investigación sobre las responsabilidades polÃticas y administrativas apenas comienza y sus resultados podrÃan redefinir los estándares de la gestión pública ante desastres. La reconstrucción, más que un desafÃo de ingenierÃa, es una prueba de fuego para la capacidad del Estado de ofrecer soluciones justas y seguras.
Las cenizas dejaron al descubierto las fallas estructurales de un paÃs que ha permitido que sus ciudades crezcan de forma descontrolada, empujando a los más vulnerables a las zonas más peligrosas. La pregunta que resuena en las quebradas de Viña del Mar y Quilpué es si Chile aprenderá la lección o si esperará a que el próximo desastre anunciado vuelva a recordarnos, de la forma más brutal, las consecuencias de ignorar el territorio que habitamos.