Han pasado más de dos meses desde el 10 de abril de 2025, cuando la previa del partido de Copa Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza se tiñó de luto. Martina Riquelme (18) y Mylán Liempi (12) perdieron la vida en las inmediaciones del Estadio Monumental. El estruendo inicial de la noticia, cargado de versiones contradictorias y juicios apresurados, ha dado paso a un silencio expectante. Hoy, con la distancia del tiempo, el evento se revela no como un incidente aislado, sino como el síntoma de fracturas más profundas en la relación entre la juventud, las instituciones de seguridad y el fenómeno social del fútbol en Chile.
La narrativa sobre lo ocurrido evolucionó drásticamente en pocos días. La primera versión, difundida a través de las comunicaciones radiales de Carabineros, describía un accidente: una turba habría derribado una valla de contención y el carro policial, al pasar sobre la estructura metálica, habría aplastado fatalmente a los jóvenes. Esta explicación, que ponía el foco en el desorden de los hinchas y en una supuesta “avalancha”, se instaló rápidamente en la opinión pública.
Sin embargo, el 15 de abril, una investigación de CIPER Chile desveló un informe reservado de Asuntos Internos de la propia institución. En él, los testimonios de tres testigos presenciales —incluida una funcionaria de Carabineros— contradecían la versión oficial. Sus relatos apuntaban a un atropello directo del vehículo policial contra las víctimas, quienes ya habían sobrepasado las vallas. Según estas declaraciones, el carro avanzó sin detenerse ni intentar una maniobra evasiva.
Este giro en los hechos redirigió la atención hacia el procedimiento policial. La falta de registros de cámaras corporales o del vehículo, sumada a que dos de los tres ocupantes del carro se acogieron a su derecho a guardar silencio, sembró un manto de duda sobre la actuación institucional y la transparencia del proceso.
La tragedia expuso las visiones dispares de los actores involucrados:
- La perspectiva institucional: El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, adoptó una postura cautelosa. Confirmó que la institución estaba al tanto de los llamados a “avalanchas” previos al partido y que todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía. Su discurso público se centró en la complejidad del operativo —con casi 12 horas de servicio y 400 funcionarios— y en el respeto al “debido proceso”, dejando la ponderación de los hechos en manos del Ministerio Público. Esta postura busca validar el accionar policial dentro de un contexto de alto riesgo, al tiempo que se deslinda de una responsabilidad directa a la espera de un fallo judicial.
- El mundo del fútbol: Mientras la investigación daba sus primeros pasos, el club Colo-Colo continuaba con las celebraciones de su centenario. Figuras como Arturo Vidal compartían imágenes de reencuentro con ídolos del pasado, proyectando una imagen de normalidad y festejo. Aunque hubo condolencias y figuras internacionales como Ronald Araújo reflexionaron sobre la violencia en el fútbol, a nivel local, la agenda del club pareció disociarse rápidamente del luto, generando una disonancia entre la celebración deportiva y la tragedia humana ocurrida en su propio recinto.
- La mirada social y crítica: Más allá de la crónica roja, analistas como el abogado Julio Cortés Morales plantearon que el incidente y su tratamiento mediático inicial revelaron una tendencia a estigmatizar y criminalizar a la juventud. La facilidad con que se aceptó la versión que culpaba a las víctimas se ancla, según esta visión, en un prejuicio social que asocia a los hinchas jóvenes con la delincuencia. Se cuestionó cómo una sociedad que debate ávidamente sobre la responsabilidad penal adolescente reacciona con indiferencia o incluso justificación cuando las víctimas son jóvenes en un contexto de represión policial.
Lo ocurrido en el Monumental no puede entenderse sin considerar la larga historia de tensión entre las “barras bravas”, las autoridades y las fuerzas de orden. Durante años, las políticas de seguridad en los estadios, como el plan Estadio Seguro, han intentado controlar la violencia, pero a menudo han sido criticadas por su enfoque punitivo y su incapacidad para abordar las causas sociales del fenómeno. El atropello del 10 de abril se inscribe en esta dinámica de desconfianza mutua, donde la prevención parece subordinada a la reacción con fuerza. El conocimiento previo de los llamados a la “avalancha” plantea una pregunta fundamental: ¿por qué la estrategia se centró en la contención represiva en lugar de en medidas preventivas que evitaran la confrontación directa?
A más de 60 días, la investigación judicial sigue su curso a puerta cerrada. Los carabineros involucrados permanecen en funciones administrativas y no hay claridad sobre la formalización de cargos. La discusión pública se ha enfriado, pero las preguntas fundamentales persisten. ¿Qué ocurrió realmente en esos segundos fatales? ¿Qué órdenes se dieron? ¿Por qué no existen registros visuales del hecho más grave ocurrido en un estadio chileno en años? El “Atropello del Centenario” dejó de ser una noticia inmediata para convertirse en un caso de estudio sobre la responsabilidad del Estado, la gestión de la seguridad pública y las dolorosas fracturas sociales que el fútbol, en su máxima expresión, no logra ocultar.