El Algoritmo contra el Territorio: Cómo un Reavalúo Fiscal Desató una Crisis de Confianza en el Estado

Inicio Contextualizado: La Desconfianza como Impuesto Adicional

Lo que comenzó hace unos meses como un reclamo sectorial, casi técnico, del mundo agrícola, ha madurado hasta convertirse en un profundo cuestionamiento nacional sobre la justicia y transparencia de uno de los pilares del sistema tributario chileno: las contribuciones. Hoy, el reavalúo fiscal de bienes raíces de 2024 ya no es solo una cifra en una notificación del Servicio de Impuestos Internos (SII). Es el epicentro de una crisis de confianza que ha escalado hasta la Contraloría General de la República, organismo que actualmente conduce una investigación especial por posibles irregularidades. La controversia ha trascendido los predios agrícolas para instalarse en las conversaciones de jubilados, profesionales y familias que ven con angustia cómo el valor de su hogar, un bien ilíquido y fruto del esfuerzo de toda una vida, es gravado por un algoritmo que nadie parece comprender del todo.

Desarrollo Analítico: De la Tierra a la Ciudad, Crónica de un Malestar Creciente

La alarma se encendió a principios de 2025. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) denunció que el reavalúo agrícola había provocado alzas promedio del 132% desde 2020, con casos que triplicaban el avalúo fiscal anterior. El gremio, liderado por Antonio Walker, no solo cuestionó las cifras, sino la lógica detrás de ellas: ¿cómo era posible que aumentara el valor fiscal de terrenos en la región de Coquimbo, devastada por la sequía, o en la Macrozona Sur, marcada por la inseguridad rural? La aparente desconexión entre el cálculo del SII y la realidad productiva del campo fue la primera fisura.

Pronto, el malestar se contagió. Columnas de opinión y cartas al director comenzaron a reflejar una inquietud ciudadana más amplia. Expertos como Gonzalo Polanco, del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, y la abogada María Fernanda Heusser, calificaron el mecanismo de cálculo como una “caja negra”, un proceso críptico que atenta contra la legitimidad del impuesto. Si un contribuyente no puede entender por qué paga lo que paga, el cumplimiento voluntario, base de cualquier sistema fiscal moderno, se erosiona. La discusión dejó de ser sobre el valor de la hectárea para centrarse en un derecho ciudadano fundamental: la transparencia y la certeza jurídica. El propio director del SII reconoció ante el Congreso que la forma de determinar el costo del impuesto territorial no es hoy del todo transparente, validando la percepción de opacidad que unía a agricultores y urbanitas.

Perspectivas Contrastadas: Un Choque de Lógicas

La polémica ha expuesto una colisión de visiones que coexisten en tensión:

• La Visión Productiva y Territorial (SNA): Para los agricultores, el Estado está aplicando un modelo estandarizado que ignora las particularidades del territorio. La capacidad productiva real de la tierra, afectada por el clima, la disponibilidad de agua y la seguridad, es la variable clave que, a su juicio, el algoritmo del SII ignora. Su reclamo es por un impuesto anclado en la realidad económica del campo, no en una valorización teórica.

• La Visión del Ciudadano y el Adulto Mayor: Desde esta perspectiva, el impuesto es percibido como un castigo al ahorro y la inversión en el hogar. La preocupación, expresada en cartas de ciudadanos como Carlos Pérez-Cotapos, se centra en la vejez. ¿Cómo puede un jubilado, con ingresos drásticamente reducidos, hacer frente a contribuciones crecientes sobre la misma casa que ya pagó durante su vida laboral? Este enfoque denuncia que el impuesto ignora la capacidad de pago del contribuyente, convirtiendo el sueño de la casa propia en una potencial carga financiera que podría llevar a su venta forzosa.

• La Visión Jurídica y de Transparencia (Expertos): Abogados como Franco Gorziglia sostienen que el problema es estructural. La ley que rige el impuesto, con casi un siglo de antigüedad, no cumple con los estándares constitucionales modernos de legalidad y reparto equitativo de los tributos. Al dejar el cálculo al arbitrio del SII, se abre la puerta a la discrecionalidad y la desigualdad. La demanda es clara: modernizar la ley para garantizar un proceso transparente, predecible y auditable por cualquier ciudadano, en línea con las prácticas de la OCDE.

• La Visión Fiscal del Estado: En contraposición, se encuentra la realidad ineludible de las finanzas públicas. El impuesto territorial recaudó más de 2,5 billones de pesos en 2023, de los cuales un 60% se destina al Fondo Común Municipal, un mecanismo vital de redistribución hacia las comunas con menos recursos. Cualquier reforma que disminuya significativamente esta recaudación, como la exención a la primera vivienda, debe proponer una fuente de financiamiento alternativa viable. Esta es la tensión central: cómo conciliar la justicia individual con la sostenibilidad fiscal colectiva.

Contexto Estructural: Un Impuesto del Siglo XX en el Siglo XXI

El núcleo del conflicto reside en que el Impuesto Territorial se rige por una ley que data de hace casi cien años. Fue concebida en una era donde la información era asimétrica por naturaleza y la relación entre el Estado y el ciudadano era jerárquica. Hoy, en la era de los datos abiertos y la exigencia de transparencia, esta normativa resulta anacrónica. El debate ha reabierto incluso una discusión constitucional latente: ¿es un impuesto a la renta presunta, como falló el Tribunal Constitucional, o un impuesto al patrimonio de facto, que grava un activo ilíquido sin considerar la capacidad de pago de su dueño?

Estado Actual: Hacia una Reforma Inevitable

El tema está lejos de cerrarse. La investigación de la Contraloría será clave para determinar si hubo errores específicos en el reavalúo de 2024. Sin embargo, el debate ya ha evolucionado. La propuesta de crear una mesa técnica entre el SII y la SNA es un primer paso, pero la demanda ciudadana y experta apunta más alto: a una reforma profunda y estructural. Las soluciones propuestas van desde fijar el monto de las contribuciones en UF al momento de la compraventa, hasta integrar el cálculo a la tasa impositiva personal del propietario, pasando por la exención de la vivienda principal, como ocurre en varios países europeos.

La rebelión silenciosa de la tierra ha puesto al Estado ante un espejo. La pregunta que queda abierta es si será capaz de rediseñar este impuesto centenario para que sea percibido como justo y legítimo, o si la “caja negra” seguirá operando como un motor de desconfianza, minando la base del pacto fiscal entre los ciudadanos y sus instituciones.