La Epidemia de Papel: Anatomía del Fraude de Licencias Médicas que Corroe la Fe Pública

Inicio Contextualizado: Más Allá de la Cifra

A más de dos meses de que la Contraloría General de la República sacudiera la agenda pública con un informe que revelaba que 25.078 funcionarios públicos habían viajado fuera de Chile mientras se encontraban con licencia médica, el impacto del escándalo ha madurado. La conmoción inicial, centrada en la magnitud de la cifra, ha dado paso a una reflexión más profunda y compleja sobre las fisuras estructurales en la administración del Estado, la cultura de la probidad y la delgada línea que separa el derecho al reposo de la falta administrativa. Lo que comenzó como un dato estadístico se ha transformado en una serie de narrativas que exponen las tensiones entre la fe pública, la salud laboral y la eficacia de los mecanismos de control.

Desarrollo Analítico: Un Contagio Institucional

El informe de Contraloría no fue el origen de la enfermedad, sino el diagnóstico que la hizo visible. Rápidamente, el foco se desplazó hacia los epicentros del fenómeno. La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra emergieron como las instituciones con mayor número de casos, con 2.280 y 1.934 funcionarios investigados, respectivamente. Aquí, la narrativa se bifurca. Por un lado, se evidencia un ausentismo laboral que en la Junji alcanza un 17% de las horas laborales perdidas, muy por sobre el promedio de 9,2% del sector público. Por otro, voces sindicales y de trabajadores apuntan a un contexto de precariedad y agobio laboral, especialmente en un sector feminizado en un 98%, donde las licencias por salud mental post-pandemia se han disparado.

El escándalo demostró una capilaridad sorprendente, escalando desde los servicios educativos hasta las más altas esferas del poder. Casos como el sumario a la hija del exsubsecretario Manuel Monsalve por una presunta licencia irregular para su padre, o la renuncia de la cuñada del Presidente Gabriel Boric a su cargo en la Segegob tras viajar al extranjero durante una extensión de su postnatal, evidenciaron que el problema no distinguía colores políticos ni cercanía con el poder. La mancha se extendió incluso al sistema de justicia, con la suspensión de una fiscal en Puerto Varas por hechos similares, erosionando la confianza en quienes deben velar por el cumplimiento de la ley.

La respuesta institucional no se hizo esperar, aunque con matices. Empresas estatales como BancoEstado aplicaron medidas drásticas, desvinculando a 91 trabajadores tras una investigación interna que depuró la lista inicial de la Contraloría. Estas acciones buscaron enviar una señal de "tolerancia cero", reafirmando un compromiso con la probidad. Sin embargo, el problema demostró ser más profundo que la conducta individual.

Perspectivas Contrastadas: ¿Fraude, Síntoma o Falla Sistémica?

El debate público se ha estructurado en torno a tres visiones que coexisten y se tensionan:

1. La perspectiva del fraude y la falta a la probidad: Encarnada por la Contraloría y sectores políticos, principalmente de la oposición, que impulsaron un proyecto de ley para que el uso fraudulento de licencias sea causal de destitución inmediata. Esta visión pone el acento en la responsabilidad individual, el perjuicio fiscal y la necesidad de endurecer las sanciones para restaurar la confianza.

1. La perspectiva del síntoma de un malestar laboral: Sostenida por gremios de funcionarios, especialmente de la educación, que argumentan que el alto número de licencias, sobre todo psiquiátricas, es un síntoma de condiciones laborales deficientes, sobrecarga y falta de apoyo en salud mental. El caso de un jefe de la Junji que fue destituido tras denunciar a una subalterna por viajar con licencia, acusado de "hiperacciones investigativas", ilustra la complejidad y las posibles represalias para quienes intentan fiscalizar internamente.

1. La perspectiva de la falla sistémica de control: Un informe posterior de la Contraloría a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) reveló un panorama desolador: 5.104 cuentas de usuarios activas correspondientes a personas fallecidas y demoras de hasta 427 días en tramitar sanciones a médicos emisores de licencias falsas. Este hallazgo desvió la culpa desde el funcionario individual hacia la propia arquitectura de fiscalización del Estado, demostrando que los organismos encargados de controlar estaban, a su vez, plagados de irregularidades.

Contexto y Estado Actual: Hacia una Nueva Regulación

Este episodio no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una crisis de confianza más amplia hacia las instituciones. Se conecta con debates previos sobre probidad y eficiencia en el gasto público, pero añade una dimensión social ineludible: la salud mental en el Chile post-pandemia. La discusión ha obligado a cuestionar la rigidez del concepto de "reposo", especialmente en patologías psiquiátricas donde la recomendación médica puede incluir actividades recreativas.

Actualmente, el tema sigue en plena evolución. Los sumarios administrativos continúan en cientos de reparticiones públicas. En el Congreso, se debate la nueva legislación que busca endurecer las sanciones, mientras que el Ejecutivo, que ya había promulgado en mayo una ley para fiscalizar a los médicos grandes emisores, se ve presionado a reformar los organismos de control. El escándalo de las licencias médicas ha dejado de ser una anécdota sobre viajes y reposos para convertirse en un examen de conciencia nacional sobre la integridad de nuestro servicio público y la capacidad del Estado para cuidarse a sí mismo.