Lo que comenzó en mayo de 2025 como un acto de violencia que conmocionó a la opinión pública —la brutal agresión de Martín de los Santos a Guillermo Oyarzún, un conserje de 70 años en Vitacura— ha madurado, dos meses después, en una compleja saga sobre justicia, privilegio y fronteras. El foco ya no está únicamente en las graves secuelas físicas de la víctima, quien perdió la visión de un ojo y el olfato, sino en la audaz fuga del agresor y la subsiguiente operación internacional que culminó con su captura en el corazón de Brasil. El caso se transformó en un espejo que refleja las tensiones latentes en la sociedad chilena sobre la igualdad ante la ley.
La historia judicial de De los Santos comenzó con una decisión que generó un amplio debate: tras la formalización por lesiones graves, el tribunal optó por medidas cautelares de firma mensual y arraigo, desestimando la prisión preventiva solicitada por la fiscalía. Esta resolución fue percibida por parte de la ciudadanía como una muestra de lenidad, alimentando la narrativa de una justicia con distinto criterio según el estrato social del imputado.
Aprovechando esta ventana, el 19 de junio, De los Santos salió de Chile. Para cuando el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocó su decisión el 23 de junio y finalmente decretó la prisión preventiva, el imputado ya se encontraba en Brasil. La justicia reaccionaba, pero tarde. Este hecho no solo dejó en evidencia una falla en la evaluación de riesgo de fuga, sino que activó una maquinaria de cooperación internacional a través de una alerta roja de Interpol.
La persecución se convirtió en un espectáculo mediático alimentado por el propio fugitivo. Desde su paradero en Florianópolis y luego en Cuiabá, De los Santos adoptó una postura desafiante. Envió mensajes a medios chilenos, acusó a la jueza de montar un “show mediático” y se quejó de una supuesta vulneración de su derecho a defensa, llegando a increpar directamente a un juez federal brasileño durante su audiencia de custodia, argumentando que su detención era ilegal. Su estrategia parecía ser la de construir una narrativa de víctima del sistema, utilizando sus redes sociales como plataforma para denunciar una supuesta injusticia.
El caso presenta dos visiones del mundo irreconciliables:
El caso De los Santos no puede entenderse como un hecho aislado. Se inscribe en una larga discusión en Chile sobre la desigualdad ante la ley. La comuna de Vitacura, el perfil del agresor como “asesor inmobiliario” y la violencia ejercida contra un trabajador de la tercera edad, configuraron un cuadro que tocó fibras sensibles de la sociedad. La percepción de que el dinero y los contactos pueden comprar impunidad o, al menos, un trato preferencial, fue el combustible que mantuvo el interés público en el caso.
La intensa cobertura mediática y la presión en redes sociales jugaron un rol innegable. ¿Habría la justicia revocado las cautelares con la misma celeridad sin el clamor popular? Esta pregunta, imposible de responder con certeza, invita a una reflexión sobre el delicado equilibrio entre la independencia judicial y la necesaria rendición de cuentas ante una ciudadanía vigilante.
El 2 de julio, la cacería terminó. Martín de los Santos fue detenido en Cuiabá, cerca de la frontera con Bolivia, lo que sugiere un posible intento de continuar su huida. Actualmente, se encuentra en una cárcel brasileña, a la espera de que se complete su proceso de extradición. El capítulo de la fuga ha concluido, cerrando un perímetro a la impunidad que por momentos pareció demasiado permeable. Ahora comienza una nueva etapa: el juicio en Chile, donde las narrativas contrapuestas de un agresor desafiante y una víctima que clama por justicia finalmente se enfrentarán en un tribunal.