La Guerra de las Contribuciones: Cómo una Propuesta Electoral Develó las Fracturas del Modelo Fiscal Chileno

La Guerra de las Contribuciones: Cómo una Propuesta Electoral Develó las Fracturas del Modelo Fiscal Chileno
2025-07-07

- Una propuesta para eliminar las contribuciones a la primera vivienda desató un debate que expuso profundas tensiones sobre equidad fiscal y financiamiento municipal.

- La discusión confrontó la lógica técnica del impuesto, considerado progresivo, con la realidad social de familias de clase media y adultos mayores con dificultades de pago.

- El debate obligó a los actores políticos, incluyendo a la candidata presidencial Evelyn Matthei, a moderar sus posturas, evidenciando el conflicto entre promesas electorales y la responsabilidad fiscal que sostiene a los municipios más vulnerables.

Inicio Contextualizado: De una Frase a un Debate Nacional

Lo que comenzó a mediados de junio como una controvertida declaración del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, quien afirmó que quienes reclaman por el pago de contribuciones son “el 20% más rico del país”, ha madurado en los últimos dos meses hasta convertirse en una de las discusiones más profundas sobre el modelo fiscal y de equidad territorial de Chile. La polémica inicial, que obligó a Etcheberry a rectificar sus dichos reconociendo un “problema social” subyacente, fue el catalizador para que la Unión Demócrata Independiente (UDI) lanzara una propuesta de alto impacto electoral: eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda. Esta iniciativa transformó un debate técnico y administrativo en un campo de batalla político, revelando las fracturas y dilemas del sistema que financia a los municipios del país.

Desarrollo Analítico: La Trayectoria de una Colisión de Visiones

La propuesta de la UDI, presentada a fines de junio, fue enmarcada como un acto de justicia para la clase media y los adultos mayores, a quienes se describió como “castigados” por un impuesto que grava el patrimonio y no los ingresos. Según el diputado Jorge Alessandri, la fórmula de cálculo es “opaca” y el impuesto “equivocado”, pues no considera deudas hipotecarias ni la capacidad de pago real de los propietarios. La idea era simple y atractiva: que el esfuerzo de toda una vida por una vivienda no se convirtiera en una carga tributaria perpetua.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió al paso con cifras contundentes, advirtiendo que la medida sería altamente regresiva. Según Marcel, el 45% de la recaudación por contribuciones habitacionales proviene de las comunas del “barrio alto” de Santiago (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y La Reina). Eliminar este cobro, argumentó, significaría un beneficio promedio anual de $3,3 millones para un propietario en Lo Barnechea, mientras que los ingresos del Fondo Común Municipal (FCM) —el mecanismo que redistribuye estos recursos a las comunas más pobres— se verían drásticamente reducidos. “¿Quiénes terminarán pagando esos beneficios? Lo pagarán las comunas pobres del país”, sentenció el ministro, poniendo sobre la mesa el dilema central: el alivio para algunos podría significar el desfinanciamiento de servicios básicos para otros.

Perspectivas Contrastadas: Entre la Justicia Individual y la Solidaridad Colectiva

El debate cristalizó al menos tres posturas claramente diferenciadas:

  1. La Visión Liberal-Populista (UDI): Sostiene que las contribuciones son un “impuesto al esfuerzo” y una barrera para la calidad de vida. Su propuesta de eliminación total para la primera vivienda apela directamente al descontento ciudadano con la carga tributaria, priorizando el alivio individual sobre la estructura de financiamiento colectivo. Proponen compensar la pérdida de ingresos gravando con más fuerza las segundas y terceras viviendas, una solución cuya viabilidad fiscal fue cuestionada por expertos.
  1. La Visión Fiscalista y Redistributiva (Gobierno): Defendida por el Ministro Marcel, se enfoca en el rol progresivo y solidario del impuesto. Desde esta óptica, las contribuciones no son solo un tributo, sino el pilar del Fondo Común Municipal, una herramienta clave para reducir la profunda desigualdad territorial de Chile. Para el Ejecutivo, cualquier reforma debe fortalecer este principio, no debilitarlo.
  1. La Visión Pragmática y Moderada (Evelyn Matthei): La candidata presidencial de Chile Vamos, y militante UDI, sorprendió al distanciarse de la propuesta radical de su propio partido. En su lugar, planteó una solución intermedia: congelar el alza de las contribuciones y reducir “sustancialmente” el monto para los adultos mayores. Matthei reconoció explícitamente la importancia del tributo para las comunas más pobres, mostrando una tensión entre la disciplina fiscal que conoce como exalcaldesa y la presión de su sector político. Esta postura generó un nuevo flanco, al ser criticada por el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien recordó que la ley ya contempla beneficios para los adultos mayores, sugiriendo que la propuesta no era novedosa.

Contexto Estructural: El Fondo Común Municipal en el Corazón del Conflicto

Para comprender la magnitud del debate, es indispensable entender el Fondo Común Municipal (FCM). Este mecanismo, creado en 1979, es la principal herramienta de solidaridad financiera entre los 345 municipios de Chile. Se nutre principalmente de un porcentaje de la recaudación de las contribuciones de las comunas con mayores ingresos. Así, lo que paga un propietario en Vitacura ayuda a financiar el alumbrado público, la recolección de basura o las áreas verdes en La Pintana. La propuesta de eliminar las contribuciones, por tanto, no es solo un debate tributario, sino un cuestionamiento directo a uno de los pocos pactos de redistribución territorial vigentes en el país. La discusión dejó en evidencia que tocar este impuesto implica redefinir el nivel de solidaridad que la sociedad chilena está dispuesta a asumir entre sus territorios.

Estado Actual: De la Eliminación a la Reforma

Tras semanas de intensa discusión, la idea de una eliminación total ha perdido fuerza, dando paso a un consenso más amplio sobre la necesidad de reformar y modernizar el sistema. El debate ya no se centra en si el impuesto debe existir, sino en cómo hacerlo más justo, transparente y legítimo. Las propuestas ahora giran en torno a mejorar y ampliar los beneficios para adultos mayores, transparentar los procesos de reavalúo fiscal para que los ciudadanos comprendan qué y por qué pagan, y buscar fórmulas que alivien la carga sobre la clase media sin desmantelar el financiamiento municipal. La “guerra de las contribuciones” no ha terminado, pero su evolución ha forzado a todos los actores a confrontar la compleja realidad de que en un país tan desigual, las soluciones simples rara vez son las correctas.

La historia permite analizar cómo una propuesta electoral específica, aparentemente coyuntural, actúa como catalizador para exponer tensiones estructurales profundas en la política fiscal y la equidad social. Su evolución revela las fracturas ideológicas dentro de las coaliciones políticas, el complejo equilibrio entre la estrategia electoral y la responsabilidad fiscal, y el debate público sobre el financiamiento de los bienes públicos y el rol del Estado. Ofrece una narrativa completa sobre la colisión entre la política, la economía y las demandas ciudadanas.