
La reciente discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) en Chile ha tomado un nuevo giro tras la publicación de diversas opiniones y análisis que destacan la urgencia de establecer un marco legal adecuado. En un contexto donde la adopción de tecnologías de IA avanza rápidamente, la falta de legislación clara sobre propiedad intelectual y el uso de datos plantea serios desafíos para la innovación y el desarrollo del sector.
El sociólogo Maximiliano Santa Cruz, en su columna del Diario Financiero, enfatiza que "el riesgo no está en regular la IA, sino en hacerlo tarde o de manera excesivamente rígida". Esto resuena con la creciente preocupación entre los expertos sobre cómo la falta de excepciones que permitan la minería de textos y datos (TDM) limita el potencial de desarrollo de la IA en el país. Sin este marco, incluso iniciativas universitarias y proyectos públicos se encuentran en un terreno incierto."Si Chile aspira a liderar en IA, debe hacerlo con reglas del siglo XXI, no con leyes pensadas para la era del papel".
Por otro lado, el análisis del impacto económico de la IA en el mercado laboral revela una realidad compleja. Según un informe del Banco Central, la adopción de la IA está llevando a una "nueva normalidad organizacional" con dotaciones más reducidas en las empresas. Sin embargo, la falta de métricas sólidas para medir el impacto real de la IA en el empleo genera incertidumbre. A nivel global, se estima que la IA podría desplazar tareas, complementar habilidades humanas y crear nuevos tipos de empleo, pero aún no está claro cuál de estos escenarios predominará."88% de las empresas ya usa IA, aunque solo 7% la considera madura".
En el ámbito de la geopolítica, la competencia por los recursos necesarios para el desarrollo de la IA, como el cobre y el litio, se vuelve crítica. Chile, como uno de los principales productores de estos minerales, se encuentra en una posición privilegiada, pero también vulnerable ante la concentración del refinamiento en manos de países como China. Esta dinámica no solo afecta la economía local, sino que también plantea preguntas sobre la soberanía tecnológica y la seguridad nacional."La IA no solo redefine productividad, también podría llevar a un reordenamiento de las cadenas productivas y alterar el equilibrio de poder global".
En este contexto, la regulación de la IA se presenta como una necesidad urgente y compleja. La falta de acción podría condenar a Chile a un estancamiento tecnológico y a una dependencia aún mayor de modelos externos. La responsabilidad recae no solo en el gobierno, sino también en la sociedad civil y en el sector privado, que deben exigir un marco regulatorio que no solo fomente la innovación, sino que también proteja los derechos de los ciudadanos y promueva un desarrollo sostenible y ético de la tecnología. La pregunta que queda es: ¿será Chile capaz de encontrar el equilibrio entre el avance tecnológico y la protección de sus ciudadanos?