
En los meses previos a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, Chile ha sido testigo de una transformación profunda en el mapa político de la derecha.
El núcleo duro de esta nueva ultraderecha se articula en torno a una disposición autoritaria, entendida no solo como un conjunto de ideas, sino como una manera de interpretar el mundo.
En Chile, esta dinámica se expresa en la normalización de discursos que reivindican el legado autoritario y en la presión para redefinir la pertenencia cívica bajo cánones conservadores y excluyentes.
Chile Vamos enfrenta un dilema que trasciende lo meramente electoral: contener a la ultraderecha y arriesgar la pérdida de votos o converger con sus demandas y poner en riesgo los estándares democráticos.
Esta tensión se ha manifestado en la campaña electoral, donde Evópoli ha moderado su perfil liberal para no quedar aislado, y la UDI disputa simbólicamente el legado gremialista con los Republicanos. En paralelo, el Partido Nacional Libertario se ha posicionado como la opción más combativa y anti-globalista, capturando un electorado que demanda mano dura y rechazo al progresismo.
Desde la izquierda y sectores progresistas, la ultraderecha es vista como una amenaza directa a los avances sociales y a los derechos conquistados.
Por otro lado, defensores de la ultraderecha argumentan que representan una respuesta legítima al malestar ciudadano frente a la inseguridad, la crisis económica y la pérdida de valores tradicionales.
En el centro político, la preocupación gira en torno a la capacidad de diálogo y consenso para evitar la polarización extrema y preservar el equilibrio institucional.
La evidencia acumulada muestra que el crecimiento de la ultraderecha en Chile no es un fenómeno marginal ni pasajero.
El dilema que enfrenta la derecha tradicional es, en última instancia, civilizatorio: elegir entre adaptarse a un malestar que impulsa agendas iliberales o sostener las normas democráticas que garantizan la inclusión y el respeto a los derechos.
Este desafío no solo definirá quién gobierna en 2026, sino qué entendemos por democracia en Chile en los años venideros. La decisión tendrá repercusiones profundas en la estabilidad política, la cohesión social y la calidad del sistema democrático.
En un escenario fragmentado y polarizado, la responsabilidad recae en todos los actores políticos y sociales para evitar que la tentación autoritaria erosione las bases del pacto democrático y para construir un Chile donde el orden no sea sinónimo de exclusión, sino de convivencia plural y respeto mutuo.
2025-11-08
2025-11-07