El costo oculto de los PMGD: Un desafío para la sustentabilidad y la equidad en la matriz energética chilena

En medio de la transición energética que Chile impulsa con urgencia, ha emergido un conflicto que pone en jaque la sustentabilidad y equidad del sistema eléctrico: el régimen de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Desde 2020, este esquema ha generado sobrecostos que superan los 300 millones de dólares anuales, un monto que, aunque invisible para el público general, termina siendo cargado a las tarifas que pagan las familias chilenas y los otros generadores del país.

El origen del problema se encuentra en el Decreto Supremo N° 88/2020, que estableció un precio estabilizado para los PMGD, desconectado de las condiciones reales del mercado. Esto provocó una expansión acelerada y desordenada de estos proyectos, especialmente en zonas ya saturadas del sistema eléctrico. El resultado: vertimientos crecientes de energía no gestionada, mayores costos operacionales y un riesgo tangible para la estabilidad y seguridad de la red.

Desde el punto de vista técnico, esta saturación tensiona la infraestructura y puede derivar en interrupciones o en la necesidad de inversiones adicionales para mantener el equilibrio del sistema. Pero la controversia no termina ahí. En el plano económico, el régimen ha creado una competencia desigual entre las energías renovables. Algunos actores no internalizan los costos que otros sí enfrentan, generando distorsiones que desincentivan la eficiencia y la innovación.

Rafael Loyola Domínguez, Director Ejecutivo de AGR A.G., advierte que "la modificación al DS N°125/2017, que establece prorratas de vertimiento equitativas, es clave para restaurar la igualdad de condiciones y evitar que los subsidios cruzados se trasladen a las tarifas de 2027, agravando la crisis del sector".

Las voces en el debate se dividen claramente. Por un lado, asociaciones de generadores tradicionales y expertos en regulación energética exigen una corrección urgente para evitar que el costo oculto de los PMGD siga creciendo y perjudique al consumidor final. Por otro, defensores de las energías distribuidas argumentan que el régimen ha sido fundamental para democratizar la generación eléctrica y acelerar la incorporación de renovables en una matriz que aún depende en parte de combustibles fósiles.

Desde las regiones más afectadas, especialmente en el norte y centro del país, las comunidades y autoridades locales observan con preocupación cómo esta expansión ha impactado no solo en la infraestructura, sino también en la planificación territorial y ambiental, evidenciando la necesidad de un enfoque integral que considere los límites físicos y sociales del territorio.

Tras casi cinco años de vigencia del DS N°88/2020, la urgencia por modificar el marco regulatorio es innegable. La propuesta de ajustar las prorratas de vertimiento busca equilibrar el campo de juego, pero también abre un debate más amplio sobre cómo Chile puede compatibilizar la rápida incorporación de energías renovables distribuidas con la estabilidad del sistema y la justicia tarifaria.

Las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán no solo el costo económico para los consumidores, sino la viabilidad de un modelo energético que aspire a ser sustentable, equitativo y eficiente.

En conclusión, el caso de los PMGD es una muestra clara de las tensiones inherentes a la transición energética: el choque entre innovación y regulación, entre expansión rápida y planificación responsable. Mientras el país avanza hacia un futuro más verde, este episodio recuerda que la sustentabilidad no solo es cuestión de tecnologías limpias, sino de políticas que incorporen todas las dimensiones del desafío energético.