Error tarifario y poder estatal: cómo la electricidad encareció la vida y reveló tensiones en Chile

El error que encendió la economía chilena

Desde 2022, un error técnico en el cálculo de las tarifas eléctricas ha provocado un aumento estructural y permanente en la Unidad de Fomento (UF), afectando el costo de vida de millones de chilenos. Lo que parecía un ajuste menor en las cuentas de luz se transformó en un impuesto inflacionario no aprobado ni discutido, que eleva arriendos, créditos hipotecarios, pensiones y servicios públicos sin respaldo en mayor producción o salarios.

"Si no se corrige, el mal cálculo de hoy será una inflación para siempre", advierte Ricardo Rincón González, abogado y analista económico, quien ha seguido de cerca el fenómeno. La consecuencia: una transferencia regresiva que golpea con más fuerza a quienes menos tienen, profundizando desigualdades.

El coliseo institucional: entre burocracia y justicia

Este episodio no solo exhibe un fallo técnico, sino también la complejidad de la administración estatal y su impacto en la economía real. En paralelo, el caso de la empresa salmonera Cooke en Aysén reveló otro tipo de abuso de poder: la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) paralizó sus operaciones sin pruebas claras de daño ambiental, causando pérdidas millonarias y desempleo en comunidades locales.

Una sentencia reciente del Tribunal Ambiental de Valdivia declaró arbitrarias las medidas de la SMA, evidenciando un uso desmedido y sin control judicial de facultades públicas. Para Fernando Barros, abogado y consejero de Sofofa, este caso es un ejemplo de cómo la burocracia puede imponer agendas ideológicas o políticas que afectan inversiones y desarrollo económico sin respetar el marco legal.

Perspectivas encontradas: justicia, economía y poder

En el debate político y social, las voces se dividen:

- Desde la izquierda, se denuncia que la corrección tarifaria debe proteger a los sectores más vulnerables y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar tarifas justas y transparencia.

- El sector empresarial y técnico reclama una solución técnica que evite distorsiones futuras, proponiendo desindexar temporalmente las tarifas eléctricas del IPC y crear mesas de expertos para diseñar mecanismos de control.

- Analistas independientes advierten que la estabilidad económica es un acto de justicia y que mantener errores regulatorios perpetúa desigualdad y desconfianza en las instituciones.

Consecuencias y caminos por recorrer

El impacto de este error tarifario ha sido real y palpable: aumentos permanentes en el costo de vida, pérdida de confianza en la regulación estatal y un llamado urgente a la corrección. Sin embargo, la solución no es simple. Requiere un acuerdo político transversal, transparencia en el cálculo de precios regulados y controles efectivos sobre la administración pública para evitar abusos y arbitrariedades.

Este episodio es una invitación a reflexionar sobre el poder del Estado en la economía, la necesidad de mecanismos claros y justos para la fijación de precios, y el costo social de las decisiones técnicas mal gestionadas.

Chile enfrenta así un desafío que trasciende la electricidad: la reconstrucción de la confianza en sus instituciones económicas y la búsqueda de justicia para todos sus ciudadanos.