Alza de contribuciones: un ajuste fiscal que divide a Chile por sus efectos en la propiedad inmobiliaria

El aumento de las contribuciones en Chile ha dejado al descubierto un conflicto profundo entre el diseño técnico de la fiscalización inmobiliaria y las consecuencias sociales y económicas que genera.

Desde 2022, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha implementado una nueva metodología para valorizar inmuebles, que ha elevado el avalúo fiscal por sobre el valor de mercado en numerosos casos. Esta situación ha desencadenado un aumento significativo en el pago de contribuciones, afectando principalmente a quienes concentran su patrimonio en bienes raíces y terrenos agrícolas.

El origen de la disputa radica en la aplicación del llamado “factor de distancia o seguridad”, un principio que establece que el avalúo fiscal no debe superar el 60% del valor comercial. Sin embargo, la metodología actual ha roto ese límite, generando tasaciones que superan el valor real de mercado y, por ende, un alza tributaria que muchos califican como desproporcionada.

“La sobrevaloración afecta directamente a pequeños y medianos propietarios que no cuentan con mecanismos para apelar estas cifras, mientras que otros sectores, como inversionistas en acciones o instrumentos financieros, quedan exentos de gravámenes similares”, señala Lisandro Serrano, abogado tributario.

Este fenómeno ha provocado una fractura en el debate público. Por un lado, sectores conservadores y representantes de grandes propietarios argumentan que la actualización responde a la necesidad de ajustar la base tributaria a la realidad económica y evitar evasiones. Por otro, voces progresistas y organizaciones sociales denuncian que el sistema castiga injustamente a quienes poseen su patrimonio en inmuebles, profundizando desigualdades históricas.

En regiones como la Metropolitana y Valparaíso, donde la concentración inmobiliaria es alta, la presión tributaria ha llevado a protestas y reclamos formales ante el SII. En contraste, en zonas rurales, agricultores y pequeños propietarios sufren el impacto sin contar con asesoría técnica adecuada.

“Es urgente implementar mecanismos de revisión técnica y administrativa que permitan corregir estas distorsiones y proteger el principio de equidad tributaria”, advierte Gonzalo Vicencio, socio de MAMD Consultora.

El Gobierno, por su parte, ha reconocido la complejidad del asunto y ha anunciado mesas de trabajo para evaluar ajustes en la metodología de valorización y posibles alivios para los sectores más afectados, aunque sin comprometer la recaudación necesaria para financiar políticas públicas.

A cinco meses de implementada la reforma, el saldo es una ciudadanía dividida entre quienes ven una actualización justa y necesaria y quienes sienten que el sistema tributario castiga su patrimonio sin fundamentos claros.

Este caso pone en evidencia la dificultad de equilibrar justicia fiscal, técnica administrativa y sensibilidad social en un país con profundas desigualdades. La historia aún está en curso, pero lo cierto es que la discusión sobre contribuciones ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en un desafío político y social que definirá el rumbo de la política tributaria chilena en los próximos años.

Fuentes: Diario Financiero (2025-07-29), declaraciones de expertos tributarios, reportes regionales de protestas y análisis socioeconómicos.