
Hace justo un año, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) lanzó una resolución que detonó la mayor crisis en la historia de Sartor AGF, una administradora de fondos que manejaba cerca de US$ 400 millones y contaba con cientos de inversionistas individuales e institucionales. El 15 de noviembre de 2024, la CMF reveló que partes de los fondos de Sartor habían financiado créditos a sociedades vinculadas a sus propios directores y accionistas, entre ellas entidades relacionadas con Pedro Pablo Larraín y Michael Clark.
Lo que siguió fue una reacción en cadena que sacudió la industria financiera local: la CMF suspendió los aportes a los fondos y, tres semanas después, los rescates, hasta finalmente revocar la autorización de Sartor AGF y designar un liquidador. En pocas semanas, la administradora quedó vacía y sus fondos fueron transferidos a otras gestoras.
Pedro Pablo Larraín Mery, fundador y rostro visible de Sartor, se convirtió en el blanco de múltiples demandas y querellas. "Este proceso ha sido muy duro para él y su familia", comenta un cercano, mientras Larraín defiende que la intervención fue ilegal y busca demostrarlo en tribunales. Paralelamente, ha iniciado nuevos proyectos inmobiliarios, mostrando que no se ha alejado del mundo financiero.
Por otro lado, Ricardo Budinich, el liquidador designado, finalizó la gestión formal tras transferir los fondos a Toesca, que actualmente administra los activos restantes. Sin embargo, la liquidación voluntaria de Sartor AGF sigue en curso, con deudas que superan los US$ 2 millones y múltiples procesos judiciales abiertos.
Desde la industria, algunos valoran la rápida intervención de la CMF como necesaria para proteger a los inversionistas, mientras otros critican la falta de comunicación y la incertidumbre generada en los aportantes.
Clientes y acreedores enfrentan ahora un escenario complejo con gestoras como Toesca, Ameris y Weg, que administran los vehículos afectados. "Los márgenes de negociación son prácticamente nulos", señalan algunos aportantes, quienes demandan mayor transparencia y claridad sobre el reparto de recursos.
La crisis Sartor ha dejado lecciones profundas para la industria financiera chilena. La supervisión regulatoria se ha reforzado, pero el daño reputacional y económico permanece. La experiencia evidencia la fragilidad de los controles internos cuando los intereses confluyen y la importancia de una gestión transparente.
A un año, aunque la administradora ya no opera, las secuelas legales, financieras y humanas siguen desplegándose. La historia de Sartor es un recordatorio crudo de cómo la confianza puede fracturarse rápidamente y cómo el sistema debe estar preparado para enfrentar sus propias tragedias internas.
2025-11-13
2025-11-02