El debate sobre el sueldo vital de $750 mil: ¿avance social o riesgo para el empleo?

En junio de este año, la entonces candidata presidencial Jeannette Jara presentó una propuesta que sacudió la arena política y económica: un "sueldo vital" de $750 mil para los trabajadores chilenos. Más allá del impacto inmediato en la opinión pública, las semanas que siguieron han permitido observar con mayor distancia las aristas y consecuencias de esta iniciativa, que hoy sigue generando debate intenso.

El 30 de junio de 2025, David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, calificó el sueldo vital como una medida "antiempleo" y un "camino corto" que podría agravar la desigualdad laboral. Su crítica se fundamenta en el análisis de las recientes reformas laborales, como el aumento progresivo del salario mínimo y la ley de las 40 horas, que, según él, han elevado los costos para las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, afectando la creación de empleo formal.

Desde la perspectiva empresarial, representantes de pymes han expresado preocupación por la sostenibilidad de un salario que, para muchos, supera el 40% del salario promedio nacional, un umbral que, según expertos, puede generar presiones inflacionarias y desempleo.

"El salario mínimo ha crecido tres veces más que los salarios promedios, y eso está generando una presión insostenible para las empresas más pequeñas", afirmó Bravo en sus declaraciones.

Por otro lado, sectores progresistas y organizaciones sociales defienden el sueldo vital como un avance necesario para garantizar una vida digna, argumentando que la precariedad salarial es una de las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza en Chile. Para ellos, el debate debería centrarse en cómo complementar esta medida con políticas activas de empleo y capacitación, no en descartarla por sus riesgos.

El contexto de una tasa de desocupación cercana al 9%, y superior al 10% en mujeres, muestra un mercado laboral que aún enfrenta desafíos profundos. Esta realidad alimenta la tensión entre la urgencia social y las advertencias económicas.

En el plano político, la propuesta de Jara se convirtió en un símbolo del programa oficialista, mientras que sus críticos, incluidos economistas y algunos sectores empresariales, la han usado para cuestionar la viabilidad de las políticas laborales del gobierno y las coaliciones que lo apoyan.

"Es preocupante que se ignore el problema real del desempleo y se apueste por medidas que podrían profundizarlo", señaló Bravo.

Sin embargo, la discusión no es unidimensional. Algunos expertos plantean que la solución pasa por una reforma integral del mercado laboral que equilibre la protección social con incentivos a la contratación, y que el sueldo vital podría ser parte de ese proceso si se implementa gradualmente y junto a medidas complementarias.

En definitiva, el debate sobre el sueldo vital refleja una tensión clásica en las políticas sociales: cómo conciliar la justicia distributiva con la eficiencia económica. Los hechos muestran que, a la fecha, no existe consenso ni en el diagnóstico ni en la solución, pero sí una clara necesidad de profundizar el análisis y diseñar políticas que consideren las múltiples dimensiones del empleo en Chile.

Este episodio dejó en evidencia que la búsqueda de un salario digno no puede estar divorciada del entendimiento del mercado laboral real, ni de la diversidad de actores involucrados. El desafío para las próximas etapas será encontrar un camino que no sacrifique ni la justicia social ni la sostenibilidad económica, en un país que sigue lidiando con desigualdades estructurales y un mercado laboral fragmentado.