Un año después de la inscripción de su candidatura presidencial, el proyecto económico de Jeannette Jara ha dejado una estela de debates y expectativas en el panorama político y social chileno.
Desde su lanzamiento en junio de 2025, la propuesta ha girado en torno a un modelo de desarrollo que privilegia la redistribución, la sostenibilidad y un rol estatal estratégico en sectores clave, como el cobre y el litio. La exministra del Trabajo y candidata del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista (PAH) ha planteado un crecimiento económico sustentado en la demanda interna, con un enfoque que busca reforzar la justicia social y la equidad territorial.
Jara propone que el crecimiento económico debe ser "sostenible, productivo y que genere trabajo decente", apuntando a que los beneficios lleguen "a la mesa de todas las familias chilenas". Su plan incluye mejoras regulatorias para acelerar inversiones sin sacrificar estándares ambientales, y un énfasis en la innovación tecnológica para impulsar la productividad de las pequeñas y medianas empresas.
“Cuando a las y los trabajadores les va bien, al país también le va bien. Esto implica aumentar los ingresos de las familias mediante políticas de fortalecimiento del empleo, negociación colectiva y aumento sostenido del salario mínimo”, ha señalado en diversas entrevistas.
No obstante, esta visión ha encontrado reparos desde sectores empresariales y liberales, que advierten sobre posibles efectos adversos en la inversión privada y la competitividad. Desde la derecha, se ha cuestionado la viabilidad de un modelo que priorice la demanda interna sin ajustes estructurales más profundos.
Uno de los pilares más discutidos ha sido la propuesta de un salario vital de $750 mil y la implementación de la negociación colectiva ramal, que incluiría salarios y condiciones laborales a nivel sectorial.
La reducción de la jornada laboral a 40 horas en el sector público, la libertad sindical y la revisión de la subcontratación también forman parte de este paquete. Estas medidas buscan dignificar el trabajo y fortalecer la estabilidad laboral, con especial atención a la conciliación y la perspectiva de género.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), estas propuestas han sido acogidas con optimismo, mientras que representantes del mundo empresarial han expresado preocupación por posibles rigideces y costos adicionales que podrían afectar la generación de empleo.
Quizás el punto más polémico ha sido la crítica frontal de Jara al acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama. La candidata ha defendido la creación de una Empresa Nacional del Litio, rechazando la licitación y la participación privada en este recurso estratégico.
“Completamente, a SQM en primer lugar, no sólo por la herencia pinochetista que tiene, sino también porque participó del financiamiento ilegal de la política, y no me parece correcto”, afirmó en un programa radial, marcando una diferencia clara con las voces conservadoras que respaldan el acuerdo vigente.
Esta postura ha generado un intenso debate en el oficialismo y la oposición, con argumentos que van desde la necesidad de proteger recursos nacionales hasta advertencias sobre la capacidad estatal para gestionar un sector tan complejo y globalizado.
En materia fiscal, Jara ha defendido un sistema tributario más progresivo, con impuestos mayores a los súper ricos y sin reducciones para las grandes empresas. Ha sostenido la importancia de mantener el techo de deuda pública en un 45% del PIB, aunque con la intención de disminuir el déficit fiscal sin afectar a los sectores más vulnerables.
Respecto a los servicios básicos, ha planteado fortalecer la regulación estatal para garantizar tarifas justas y calidad en agua, electricidad, gas y telecomunicaciones, con una supervisión independiente y participación ciudadana.
El proyecto de Jara ha puesto en escena un choque de visiones sobre el rol del Estado, la justicia social y el desarrollo económico. Desde la izquierda, se le reconoce como un intento por corregir desigualdades estructurales y avanzar hacia un modelo más inclusivo y sostenible.
Sin embargo, desde sectores más conservadores y empresariales, persiste la inquietud sobre los efectos en la inversión, el empleo y la estabilidad macroeconómica.
En las regiones, especialmente en el norte, la propuesta de una empresa estatal del litio ha generado expectativas entre comunidades locales, pero también incertidumbre sobre las implicancias ambientales y sociales.
Después de meses de análisis y debate, es posible concluir que la propuesta económica de Jeannette Jara representa una apuesta clara por un modelo redistributivo y con fuerte protagonismo estatal, que busca equilibrar crecimiento con justicia social y sostenibilidad ambiental.
No obstante, la implementación de estas ideas enfrenta desafíos significativos: la necesidad de convencer a actores clave del mundo privado y financiero, la gestión técnica y política de recursos estratégicos, y la articulación de políticas que no desincentiven la inversión ni la generación de empleo.
Este escenario configura un escenario político y económico donde las tensiones y confrontaciones serán inevitables, pero también donde se abre la posibilidad de redefinir el contrato social chileno hacia un horizonte más equitativo y sostenible.
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Fuentes consultadas: La Tercera, entrevistas a Jeannette Jara y su equipo económico, declaraciones de CUT y representantes empresariales, análisis de expertos en economía y política chilena.