Chile avanza en energía renovable: US$1.300 millones y un desafío de almacenaje para el futuro eléctrico

Un gigante danés, una inversión millonaria y un territorio clave para la minería chilena se encuentran en el centro de una apuesta que promete cambiar la matriz energética del norte de Chile. En agosto de 2025, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto Llanura Solar, que contempla una inversión de US$1.300 millones para un complejo híbrido solar fotovoltaico y eólico con una capacidad instalada de 1.156 MW, acompañado de un sistema de almacenamiento con baterías BESS de 3.831 MWh. Este megaproyecto se emplaza en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, un epicentro estratégico para la minería y el desarrollo energético nacional.

El proyecto Llanura Solar no solo representa una cifra histórica en inversión, sino que también encarna un cambio tecnológico y social profundo. Su sistema híbrido permitirá inyectar energía tanto de día como de noche, gracias a su capacidad de almacenamiento, lo que responde a la demanda creciente y variable de la industria minera y sectores asociados como plantas desaladoras. Desde CIP explican: "Esta flexibilidad transforma una fuente intermitente en energía gestionable, aportando estabilidad a la matriz y valor para industrias que requieren suministro continuo".

Sin embargo, la historia no es solo de avances tecnológicos y cifras millonarias. En el plano político y social, el camino hacia una matriz energética 100% renovable enfrenta obstáculos. En julio de 2025, el Congreso rechazó un decreto antiapagones que buscaba acelerar la transición energética y promover el almacenamiento, provocando reacciones críticas de organizaciones como Greenpeace. Esta normativa apuntaba a democratizar la energía, impulsar el autoconsumo y limitar el poder oligopólico de las grandes empresas eléctricas, pero fue vista por algunos sectores como insuficiente o con intereses contrapuestos.

Los actores políticos y sociales se encuentran en un coliseo donde se enfrentan intereses contrapuestos:

- Desde la izquierda y organizaciones ambientalistas, la crítica se centra en la necesidad urgente de reformas profundas que permitan descarbonizar con justicia y acelerar la transición sin retrocesos.

- Desde sectores empresariales y algunos políticos, hay preocupación por la seguridad del suministro y el impacto económico, lo que ha generado debates sobre el rol del gas y las regulaciones para el almacenamiento.

- En el norte grande, la comunidad local y sectores mineros observan con atención cómo estos proyectos impactarán en empleo y desarrollo regional, pero también en el uso del territorio y recursos.

Además, la inversión en almacenamiento es un factor clave para Chile, donde la alta penetración de renovables requiere soluciones para la intermitencia. Expertos internacionales destacan que tecnologías como las baterías, que han bajado sus costos dramáticamente en los últimos años, son el "zapato que encaja" con la energía solar, permitiendo un suministro continuo y competitivo. En este contexto, proyectos como el Aurora de la firma Zelestra en Tarapacá, con más de 1 GWh de almacenamiento y 220 MWdc de planta solar, complementan la estrategia nacional al proveer energía garantizada, incluso en horario nocturno.

Chile, por su parte, ha elevado sus metas en materia de energía renovable. En junio de 2025, el país se comprometió a alcanzar un 80% de generación eléctrica renovable para 2030, un objetivo ambicioso que requiere no solo inversiones millonarias sino también inteligencia energética y regulaciones modernas para integrar estas fuentes de manera eficiente y sin aumentar costos para los consumidores.

Lo que está en juego es mucho más que cifras y tecnología: es la capacidad del país para liderar una transición energética justa, eficiente y sostenible en un escenario global que demanda acción urgente contra el cambio climático. La llegada de fondos e inversiones extranjeras, la presión social por democratizar el acceso y la regulación, y la necesidad de asegurar la competitividad y estabilidad del sistema eléctrico forman un triángulo complejo.

En definitiva, este proyecto de US$1.300 millones en Antofagasta es un símbolo de la encrucijada chilena: un paso firme hacia el futuro renovable, pero también un recordatorio de los desafíos políticos, sociales y técnicos que deben superarse para que esa transición sea real y beneficiosa para todos.

Verdades y consecuencias:

- Chile tiene el potencial y el interés para ser un líder en energías renovables en América Latina, pero la transición requiere marcos regulatorios claros y consensos sociales amplios.

- El almacenamiento energético es un componente indispensable para garantizar la estabilidad y competitividad del sistema eléctrico, especialmente con alta penetración renovable.

- Las tensiones políticas y la resistencia de ciertos grupos pueden ralentizar o complicar el avance, pero la presión climática y económica hace que la transición sea inevitable.

- La inversión extranjera, como la de CIP y Zelestra, aporta capital y tecnología, pero también plantea preguntas sobre la soberanía energética y la participación local.

Este episodio chileno se inscribe en un contexto global donde la energía renovable es la única vía viable para evitar escenarios climáticos catastróficos, y donde la acción política y social debe estar a la altura del desafío técnico y económico que implica.

Fuentes consultadas incluyen reportes de Diario Financiero, La Tercera, Cooperativa.cl, y análisis internacionales de Greenpeace y expertos en energía renovable.