Ministerio del Medio Ambiente suspende definición de sitios prioritarios: Un respiro para la economía y un desafío para la conservación
El Ministerio del Medio Ambiente anunció la suspensión temporal de la definición del listado de 99 sitios prioritarios para la conservación en Chile, una medida que ha generado un profundo debate entre los distintos actores involucrados y que refleja la complejidad de compatibilizar la protección ambiental con las actividades productivas del país. El 13 de noviembre de 2025, la ministra Maisa Rojas confirmó que no se avanzará en la definición definitiva hasta analizar exhaustivamente los insumos recogidos en la consulta pública y los diálogos con gremios y comunidades.
El origen del conflicto
La Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), estableció un listado inicial de 99 sitios prioritarios distribuidos en las macrozonas norte, central y sur del país. Estos sitios fueron propuestos como áreas de alta relevancia ecológica para su protección y conservación. Sin embargo, desde el anuncio público, los gremios empresariales —incluyendo a la CPC, Sofofa, Sonami y SalmonChile— manifestaron su preocupación por el impacto que estas delimitaciones tendrían en las actividades productivas, denunciando falta de sustento técnico y apresuramiento en el proceso.
Susana Jiménez, presidenta de la CPC, afirmó que "la implementación de la Ley SBAP debe realizarse con apego a lo que ella misma estableció, lo que implica contar con un reglamento para fijar la metodología de definición de sitios prioritarios". Por su parte, Jorge Riesco, presidente de Sonami, valoró la decisión del Ministerio y enfatizó en la necesidad de "construir políticas públicas equilibradas que protejan la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo económico que el país requiere".
La voz del Ministerio y la sociedad civil
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, se ha defendido el proceso como un ejercicio participativo y en línea con la normativa vigente. Maisa Rojas destacó que "los aportes recibidos, que superan las 2.000 observaciones, permitirán robustecer esta política pública y dar certeza sobre su alcance a todos los actores". Además, el equipo ministerial ha extendido la consulta pública y los diálogos indígenas para asegurar una implementación inclusiva y técnicamente fundamentada.
Sin embargo, expertos jurídicos advierten que la suspensión no elimina las tensiones de fondo. Juan Carlos Urquidi, asesor de la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería, señaló que "suspender el proceso de consulta no resuelve los problemas de fondo de la ley ni elimina los riesgos de la instalación legal de los sitios prioritarios", pues las resoluciones del MMA siguen vigentes.
Consecuencias visibles y desafíos futuros
Este impasse pone en evidencia la dificultad de avanzar en políticas ambientales ambiciosas en un contexto donde el desarrollo económico y la protección de derechos adquiridos conviven con la urgencia de conservar ecosistemas críticos. La postergación probablemente trasladará la definición de los sitios prioritarios al próximo gobierno, generando incertidumbre para inversionistas y comunidades locales.
Además, la decisión ha abierto un espacio para repensar la gobernanza ambiental en Chile, cuestionando la eficacia de los procesos participativos y la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios, especialmente el reglamento que debe definir criterios técnicos claros y transparentes.
Diversidad de perspectivas: un escenario de tensión
- Sector privado: Celebra la pausa como una oportunidad para evitar impactos económicos negativos y promover una implementación basada en evidencia científica y diálogo multisectorial.
- Ministerio del Medio Ambiente: Busca equilibrar la conservación con el desarrollo sostenible, enfatizando la importancia de la participación ciudadana y el respeto a los derechos indígenas.
- Juristas y académicos: Alertan sobre posibles vacíos legales y riesgos de litigios futuros, demandando claridad normativa y mecanismos de resolución de conflictos.
- Sociedad civil y ambientalistas: Algunos lamentan la demora, advirtiendo que la protección efectiva de la biodiversidad no puede postergarse indefinidamente ante presiones económicas.
Constataciones y aprendizajes
La suspensión de la definición de los 99 sitios prioritarios es un síntoma claro de la tensión entre conservación y desarrollo en Chile. La medida refleja la necesidad de profundizar los procesos de diálogo, fortalecer los marcos regulatorios y transparentar los criterios técnicos para avanzar con legitimidad.
Asimismo, queda en evidencia que las políticas ambientales no pueden ser concebidas como imposiciones unilaterales, sino como construcciones colectivas que integren las múltiples voces y realidades del país.
Finalmente, este episodio invita a reflexionar sobre la urgencia de encontrar caminos que permitan proteger la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo económico, tarea que exigirá voluntad política, innovación institucional y compromiso social en los años venideros.