Chile avanza hacia un 80% de energía renovable para 2030: un compromiso con desafíos y tensiones
Un compromiso que redefine el futuro energético
El 26 de junio de 2025, Chile aprobó una actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), comprometiéndose a generar el 80% de su electricidad a partir de fuentes renovables para el año 2030. Este anuncio, que se presentó en el marco de la COP30 en Belén, Brasil, marca un giro significativo en la política energética nacional, con una hoja de ruta que se extiende hasta 2035 e incorpora medidas para fortalecer la resiliencia climática y la justicia socioecológica.
Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente, destacó que esta actualización posiciona a Chile como líder en acción climática, apuntando a un desarrollo carbono neutral y sostenible. Sin embargo, el camino hacia esta meta está lejos de ser lineal o libre de controversias.
Diversidad de perspectivas en juego
Desde el gobierno, la aprobación de la NDC se presenta como un avance decisivo para mitigar el cambio climático y promover un desarrollo equilibrado. Se enfatiza la inclusión de gobiernos regionales y municipales en la acción climática, con planes específicos para las 16 regiones del país, y la incorporación de conocimientos indígenas y comunidades locales.
Entre los pilares de esta estrategia se encuentran la reforma de impuestos verdes, la integración del Precio Social del Carbono en inversiones públicas, y la promoción de la construcción sostenible con madera.
No obstante, sectores empresariales y políticos conservadores han expresado inquietudes sobre el impacto económico y la viabilidad de los plazos establecidos. Algunos argumentan que la velocidad de la transición podría afectar la competitividad de la industria minera y energética, pilares de la economía nacional.
En contraste, organizaciones sociales y ambientales celebran el compromiso, aunque advierten que la implementación debe garantizar justicia territorial y social, evitando que las comunidades más vulnerables se conviertan en las principales afectadas por la transición.
Impacto regional y desafíos sociales
Regiones con alta dependencia de la minería y combustibles fósiles, como Antofagasta y Biobío, enfrentan un futuro incierto. Representantes locales han manifestado preocupación por la pérdida de empleos y la necesidad de planes de reconversión laboral efectivos. La NDC reconoce esta tensión y propone estrategias para una transición socioecológica justa, aunque los detalles operativos aún están en desarrollo.
Por otro lado, comunas como Tocopilla, Mejillones y Quintero-Puchuncaví, históricamente afectadas por contaminación, podrían beneficiarse de las medidas ambientales y de salud pública incluidas en el plan.
Verdades confirmadas y consecuencias a la vista
La actualización de la NDC chilena es un paso firme hacia la descarbonización, alineándose con los objetivos globales de limitar el calentamiento a 1,5°C. Sin embargo, la tensión entre urgencia ambiental y realidades económicas y sociales persiste.
La implementación efectiva de este compromiso dependerá de la capacidad del Estado para articular políticas públicas inclusivas, inversiones sostenibles y diálogo con todos los actores involucrados. La transición energética no es solo una cuestión técnica, sino un desafío político y social que pondrá a prueba la cohesión nacional.
En definitiva, Chile se encuentra en una encrucijada donde el futuro energético se juega en el coliseo de intereses contrapuestos: la urgencia climática, la justicia social y la estabilidad económica. El espectáculo está servido, y la audiencia —la sociedad chilena— observa expectante cómo se desarrollan los próximos actos.