El alza de contribuciones redefine cargas y tensiones fiscales: Sectores vulnerables y poderosos en pugna

Un terremoto fiscal ha sacudido silenciosamente el mapa económico urbano chileno. Desde 2021 hasta mediados de 2025, las contribuciones territoriales experimentaron alzas que superaron el 100% en ciertos sectores como transporte, telecomunicaciones y sitios no edificados. Este fenómeno, lejos de ser un simple ajuste técnico, ha desatado un choque frontal entre distintos actores sociales, políticos y económicos que hoy pugnan por definir qué es justo y qué no en la carga tributaria.

La historia comienza con la actualización de los avalúos fiscales realizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que, utilizando datos de tasaciones, compraventas y análisis técnicos, ajustó el valor fiscal de los inmuebles en función de su ubicación y características. El resultado fue un aumento desproporcionado en sectores como sitios eriazos (+106%), bodegas (+105%) y minería (+94%), mientras que educación y cultura apenas vieron un incremento del 13%.

Este ajuste tiene una explicación técnica: terrenos no edificados en zonas urbanas reciben una tasa del 1,23% para incentivar su desarrollo y evitar externalidades negativas, como el abandono. Pero las consecuencias sociales y políticas han ido mucho más allá.

En el centro del debate se encuentran dos grandes narrativas. Por un lado, la mirada oficial y técnica, representada por expertos como Carmen Catán, gerente senior de M&A y real estate en Deloitte, quien sostiene que el sistema basado en avalúos fiscales es eficiente para la recaudación, aunque reconoce que no considera particularidades locales, lo que puede perjudicar zonas específicas como el centro de Santiago.

Por otro lado, voces ciudadanas y políticas denuncian que estas alzas afectan desproporcionadamente a sectores vulnerables y generan tensiones sociales. 'Estas medidas profundizan la desigualdad y afectan a quienes menos pueden pagar', afirma un representante de organizaciones sociales que han solicitado al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado investigar posibles irregularidades en la aplicación de los impuestos.

En el plano político, la discusión ha escalado hasta el punto que el propio SII hizo un llamado público a candidatos presidenciales para abordar reformas legales que mitiguen el impacto. Algunos sectores políticos defienden la actualización como necesaria para modernizar la recaudación, mientras que otros la critican por falta de sensibilidad social y por no acompañar medidas compensatorias.

En términos absolutos, el sector habitacional lidera el pago de contribuciones con cerca de $958 mil millones proyectados para 2025, seguido por comercio y sitios eriazos. Esto añade una capa más compleja: aunque algunos sectores ven grandes aumentos porcentuales, otros cargan con la mayor parte del impuesto total.

Desde la perspectiva regional, la disparidad también es palpable. Zonas urbanas consolidadas enfrentan presiones fiscales que contrastan con áreas periféricas donde el impuesto es menor pero el acceso a servicios y desarrollo, también. Esta brecha alimenta debates sobre equidad territorial y planificación urbana.

¿Qué se puede concluir? Que la actualización de contribuciones ha puesto en evidencia las tensiones entre eficiencia tributaria y justicia social, entre desarrollo urbano y protección de sectores vulnerables. La falta de mecanismos que consideren las particularidades de cada inmueble y su contexto socioeconómico ha generado un escenario de descontento y polarización.

Este episodio fiscal, lejos de ser un simple ajuste técnico, se ha convertido en un espejo donde se reflejan las desigualdades estructurales del país y un desafío para las políticas públicas que deben equilibrar recaudación, equidad y desarrollo sostenible. La invitación es a observar con atención cómo se resuelve esta pugna, pues las consecuencias serán palpables en la vida cotidiana de millones y en la configuración del paisaje urbano chileno de los próximos años.

Fuentes consultadas incluyen análisis del Diario Financiero, declaraciones de expertos en real estate y testimonios de organizaciones sociales, además de datos oficiales del SII.