Detención y prisión preventiva en La Serena: un ciclo de violencia que revela grietas sociales y judiciales
La violencia en La Serena no es un estallido aislado, sino un drama que se ha ido desarrollando en capítulos sucesivos, dejando tras de sí víctimas, imputados y una comunidad que observa con creciente inquietud.
El 1 de noviembre de 2025, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al presunto autor de un homicidio ocurrido en Avenida del Mar, en la comuna de La Serena. La víctima, un hombre de 32 años identificado como F.A.C.M., falleció tras recibir múltiples heridas corto punzantes, con traumatismo torácico como causa probable de muerte. El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios, afirmó que el trabajo científico y policial permitió reunir pruebas suficientes para la detención del imputado.
Este episodio se inscribe en un contexto más amplio, marcado por una serie de hechos violentos que comenzaron al menos desde noviembre de 2024. En esa fecha, un hombre y una mujer fueron formalizados y posteriormente dejados en prisión preventiva por un ataque con arma blanca y martillo contra dos personas, en un incidente calificado como homicidio frustrado.
La investigación reveló que la mujer, identificada como G.A.A.V., además de su participación en la agresión, estaba involucrada en el tráfico de drogas, con incautaciones importantes de cocaína base y ketamina en su domicilio. El fiscal Nicolás Zolezzi señaló que ambos imputados fueron considerados un peligro para la seguridad pública, justificando la prisión preventiva y un plazo de investigación de 70 días.
Este ciclo de violencia ha abierto un debate que trasciende la criminalidad individual para interpelar a la sociedad y las instituciones.
Desde una perspectiva política, sectores conservadores y de derecha han enfatizado la necesidad de endurecer las penas y aumentar la presencia policial en la región, argumentando que la inseguridad está desbordada. En contraste, voces de izquierda y organizaciones sociales llaman a abordar las causas estructurales: desigualdad, falta de oportunidades y deficiencias en la reinserción social.
Regionalmente, La Serena enfrenta un aumento sostenido en delitos violentos, lo que genera preocupación en gremios comerciales y la ciudadanía. El impacto en la percepción de seguridad afecta no sólo la convivencia diaria, sino también la inversión y el turismo, pilares económicos clave para la zona.
En el plano judicial, la rapidez y contundencia en la detención y formalización son reconocidas, pero también se cuestiona la capacidad del sistema para abordar integralmente la violencia y sus raíces. La prisión preventiva, aunque necesaria para la contención del riesgo, no siempre garantiza la solución a largo plazo, y el riesgo de sobrepoblación carcelaria y reincidencia persiste.
En definitiva, el entramado de hechos en La Serena revela una tragedia donde víctimas e imputados se entrelazan en un ciclo que desafía a la sociedad en su conjunto. La constatación es clara: la violencia no se detiene con detenciones aisladas, y las respuestas deben ser multidimensionales, combinando justicia, prevención social y políticas públicas enfocadas en la equidad.
Este caso invita a una reflexión profunda sobre cómo Chile enfrenta sus desafíos de seguridad en regiones donde la desigualdad y la fragilidad institucional se manifiestan con crudeza, y cómo la justicia debe equilibrar la necesidad de sanción con la urgencia de reparación social.