Corte Suprema establece protocolo para autodenuncias de licencias médicas irregulares: Un intento judicial por limpiar la casa desde adentro
Un giro inédito en la justicia chilena. El 13 de junio de 2025, la Corte Suprema definió un protocolo para abordar las autodenuncias por uso irregular de licencias médicas dentro del Poder Judicial. Esta decisión emerge tras la investigación de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que entre 2023 y 2024 más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras gozaban de licencias médicas, un escándalo que sacudió la confianza ciudadana en la administración pública.
Aunque el Poder Judicial no está sujeto a fiscalización directa de la CGR, el máximo tribunal decidió tomar cartas en el asunto. En una reunión extraordinaria de Pleno, se estableció un procedimiento riguroso para que las cortes de apelaciones investiguen a jueces y funcionarios que hayan presentado licencias médicas irregulares en los últimos cinco años.
El desafío de la transparencia y la autonomía
“Cada corte de apelaciones deberá instruir una investigación administrativa y designar a un fiscal judicial para centralizar los sumarios”, explicó el presidente de la Corte Suprema, ministro Ricardo Blanco. Esta medida busca equilibrar la necesidad de transparencia con la preservación de la autonomía judicial, un delicado acto de funambulismo institucional.
Sin embargo, la reacción no ha sido unánime. Desde sectores progresistas y organizaciones de derechos ciudadanos, se valora el esfuerzo como un paso necesario para restablecer la confianza pública. “Es imprescindible que la justicia se autoexamine y sancione cualquier irregularidad, sin importar el estamento”, señala una académica en derecho constitucional consultada.
Por otro lado, voces conservadoras alertan sobre el riesgo de que este protocolo se convierta en un instrumento de presión política o persecución interna. “El Poder Judicial debe proteger su independencia para garantizar un juicio justo, y estos procesos deben ser transparentes pero también respetar las garantías de los investigados”, advierte un ex ministro de la Corte.
Un espejo para otras instituciones
El caso judicial no es aislado. La revelación de licencias médicas usadas indebidamente ha puesto en jaque a múltiples organismos públicos, evidenciando una cultura de impunidad y falta de controles efectivos. La Corte Suprema, al tomar la iniciativa, se coloca bajo el escrutinio público, con la oportunidad y el riesgo que ello implica.
¿Qué se puede concluir?
El protocolo aprobado establece que los sumarios administrativos en curso deben suspenderse y centralizarse bajo la fiscalía judicial designada, buscando un manejo más homogéneo y riguroso de los casos. Este mecanismo podría mejorar la coordinación y evitar duplicidades o inconsistencias en las investigaciones.
No obstante, la eficacia de la medida dependerá de su aplicación práctica y del compromiso real de los actores judiciales para sancionar sin miramientos a quienes abusen de licencias médicas. La tensión entre la autonomía judicial y la exigencia de transparencia seguirá siendo un terreno de disputa.
En definitiva, esta historia judicial es un recordatorio de que la corrupción y la falta de ética no sólo dañan la imagen de las instituciones, sino que erosionan la confianza pública en el sistema de justicia, un pilar esencial para la democracia chilena.
Las próximas semanas serán decisivas para observar si esta iniciativa logra transformar la cultura institucional o si se diluye en las complejidades del poder y la autodefensa corporativa.
Fuentes: La Tercera, Contraloría General de la República, declaraciones públicas del ministro Ricardo Blanco y análisis de expertos en derecho constitucional.