Suspensión del juez Antonio Ulloa: La caída de un magistrado entre filtraciones y conflictos de interés
El juez Antonio Ulloa enfrenta la sanción más severa aplicada por la Corte de Apelaciones de Santiago en años recientes. El 12 de junio de 2025, el tribunal decidió suspenderlo por cuatro meses, con reducción a la mitad de su sueldo, y abrir un cuaderno de remoción en su contra. Esta medida responde a un sumario disciplinario que reveló una serie de irregularidades que erosionan la confianza en la justicia y ponen en evidencia redes de influencia y favoritismo dentro del Poder Judicial.
El origen de la controversia
El caso se desató tras la publicación de chats entre Ulloa y el penalista Luis Hermosilla, que mostraron una relación estrecha y cuestionable. Ulloa fue nombrado en su cargo en 2021 gracias a gestiones de Hermosilla, quien en ese entonces asesoraba al Ministerio del Interior bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Esta conexión no fue declarada en múltiples causas en las que ambos participaron, generando un conflicto de interés grave.
Tres cargos que desgarran la integridad judicial
La fiscal judicial Javiera González formuló tres cargos contra Ulloa:
- Falta a la probidad al intervenir en causas donde tenía vínculos con Hermosilla y el abogado Samuel Donoso, sin declararlos. Un ejemplo emblemático fue su actuación en un litigio entre los primos Yarur, donde su voto favoreció a Donoso, pese a la cercanía reconocida con este abogado.
- Filtración de actas y documentos reservados a Hermosilla, incluyendo ternas y quinas para altos cargos judiciales que aún no eran oficiales. Esta conducta vulnera la reserva y transparencia que debe regir en los procesos de selección judicial.
- Participación en la resolución que removió al juez Daniel Urrutia de un caso contra Piñera, a pesar de manifestar animadversión hacia Urrutia en sus chats. Este episodio sugiere un uso personalista y político del poder judicial.
Voces enfrentadas y el pulso político
Desde el mundo judicial, algunos sectores defienden que la sanción es necesaria para preservar la integridad del tribunal y enviar un mensaje claro contra la corrupción interna. Otros advierten sobre la politización del proceso, señalando que la cercanía de Ulloa con figuras del gobierno anterior ha sido sobreinterpretada para desestabilizar a ciertos magistrados.
“La justicia debe ser imparcial y transparente. No podemos tolerar que relaciones personales influyan en decisiones que afectan la confianza pública”, afirma una jueza de la Corte Suprema, bajo condición de anonimato.
Por otro lado, defensores de Ulloa sostienen que las acusaciones se basan en interpretaciones sesgadas de comunicaciones privadas y que la sanción podría sentar un precedente peligroso para la independencia judicial.
Impacto regional y social
Este episodio ha generado preocupación entre organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, quienes ven en el caso un reflejo de problemas estructurales en el Poder Judicial chileno. “No es solo un caso individual, es un síntoma de cómo las redes de poder pueden minar la justicia”, comenta un académico experto en derecho constitucional.
En regiones, la noticia ha reavivado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en tribunales locales, donde la percepción de favoritismo y falta de independencia también persiste.
Conclusiones y lecciones
La sanción a Antonio Ulloa confirma que la justicia chilena está en una encrucijada: debe equilibrar la autonomía judicial con la necesidad de rendición de cuentas y ética pública. El caso pone en evidencia las dificultades para separar las influencias políticas y personales dentro del sistema judicial, y plantea preguntas sobre cómo fortalecer los mecanismos de control internos.
Aunque la suspensión y el cuaderno de remoción son pasos firmes, la verdadera prueba será si estas medidas logran restaurar la confianza ciudadana y evitar que episodios similares se repitan.
En definitiva, la caída de Ulloa no es solo la tragedia de un magistrado, sino un espejo donde se reflejan las tensiones y desafíos del sistema judicial chileno en su conjunto.