El pulso en la Corte Suprema: ministros cuestionados ante sanciones a jueces vinculados a Hermosilla

El pasado junio, la Corte Suprema de Chile se vio envuelta en una controversia que pone en jaque la confianza en su interior. Una carta firmada por los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri exigió la inhabilitación de los ministros María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Mario Carroza para votar sanciones contra los jueces Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, ambos investigados por sus vínculos con el controvertido penalista Luis Hermosilla. Este episodio, que ha escalado lentamente en las últimas semanas, revela una lucha soterrada entre el resguardo institucional y las sombras de influencias cuestionadas.

Tres ministros, tres relatos

María Teresa Letelier, quien reconoció haber mantenido encuentros con Hermosilla durante su postulación a la Suprema, ha defendido públicamente la legitimidad de sus contactos, negando cualquier contraprestación o favoritismo. En una entrevista, Letelier afirmó: 'Recomendar no es pecado ni es delito. Si el delito está cuando usted ofrece algo a cambio.' Sin embargo, investigaciones posteriores evidenciaron que, como ministra, participó en fallos favorables a un exjuez que había apoyado su llegada al máximo tribunal, sin declarar conflicto de interés.

Por su parte, Mario Carroza admitió haber recibido apoyo de Hermosilla en su nombramiento y fue parte de comunicaciones donde el penalista gestionaba su ascenso. Su cercanía ha generado suspicacias, sobre todo considerando el contexto de la crisis judicial que ha marcado la agenda pública chilena.

Finalmente, Jean Pierre Matus negó inicialmente haber tenido gestiones con Hermosilla, pero luego se revelaron mensajes que confirman su contacto durante su proceso de nominación. Matus se defendió argumentando que solo buscó referencias para contrarrestar ataques infundados, aunque el intercambio de mensajes con Hermosilla sugiere una relación más estrecha de lo declarado.

La disputa por la inhabilitación: ¿transparencia o crisis institucional?

La solicitud de inhabilitación no solo apunta a evitar conflictos de interés, sino que tiene un trasfondo político y jurídico de mayor alcance. Los diputados socialistas advierten que, de no aplicarse estas medidas, podrían impulsar acusaciones constitucionales contra los ministros involucrados, lo que profundizaría la crisis en el Poder Judicial.

En el pleno de la Corte Suprema, la ministra Letelier fue la única en manifestar que no se inhabilitaría, mientras que Matus y Carroza permanecieron en silencio. Este silencio, lejos de apaciguar la controversia, ha intensificado la percepción de un tribunal dividido y vulnerable a presiones externas.

Desde el sector judicial, hay voces que temen que estas acciones políticas puedan desestabilizar aún más una institución ya golpeada por escándalos anteriores, como la remoción de Ángela Vivanco y las revelaciones del Caso Hermosilla.

Voces desde la ciudadanía y la política

Para algunos analistas, esta polémica es un reflejo de la tensión entre la independencia judicial y la necesidad de transparencia y probidad en el sistema. 'La justicia debe ser no solo imparcial, sino también percibida como tal por la sociedad', señala una académica en derecho constitucional.

En contraste, sectores conservadores defienden la autonomía de los ministros y advierten que la politización del Poder Judicial puede debilitar la institucionalidad.

Ciudadanos y organizaciones sociales, mientras tanto, observan con preocupación cómo las redes de influencia y las conexiones personales erosionan la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Conclusiones y consecuencias visibles

Este episodio confirma que la crisis en la Corte Suprema no es solo un problema de casos aislados, sino una batalla por el alma institucional del Poder Judicial chileno. La decisión sobre las inhabilidades y las sanciones a Ulloa y Sabaj será un termómetro del compromiso real con la transparencia y la probidad.

Si los ministros cuestionados mantienen su participación en las decisiones, la percepción de impunidad y favoritismo podría profundizar la desconfianza ciudadana. Por otro lado, la aplicación rigurosa de las inhabilidades y sanciones podría marcar un precedente para fortalecer la credibilidad del sistema judicial.

En definitiva, el futuro de la Corte Suprema dependerá de su capacidad para enfrentar estas tensiones internas sin ceder a presiones externas, preservando tanto su autonomía como su legitimidad ante la sociedad chilena.