Licencias médicas en Chile: entre fraude, fiscalización y crisis de confianza
Un sistema bajo asedio. Entre 2023 y 2024, la Contraloría detectó miles de irregularidades en la emisión y gestión de licencias médicas en Chile, que involucran desde médicos 'grandes emisores' hasta funcionarios públicos y personal de las Fuerzas Armadas que incumplieron sus períodos de reposo. Este fenómeno ha desatado una crisis de confianza que atraviesa múltiples capas del sistema de salud y la administración pública, generando un choque frontal entre quienes exigen mayor transparencia y control, y quienes defienden las prácticas médicas y denuncian persecución y estigmatización.
El fraude y sus protagonistas
Un listado entregado por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) reveló que 309 médicos emitieron más de 1.600 licencias en un solo año, representando apenas el 0,6% del total de profesionales en ejercicio, pero concentrando una cantidad desproporcionada de permisos. Entre ellos, se identificaron casos vinculados a fraudes comprobados, como médicos extranjeros expulsados por emitir licencias falsas, y otros profesionales con antecedentes controvertidos, como el médico Gustavo Zúñiga, conocido por un accidente fatal bajo influencia alcohólica.
Por otro lado, figuras reconocidas en la medicina nacional, como psiquiatras y neurólogos de prestigio, también aparecen en la lista, lo que evidencia que la alta emisión de licencias no siempre es sinónimo de irregularidad, sino que puede responder a la naturaleza de ciertas especialidades y la alta demanda de pacientes.
Sebastián Placencia, médico de Ñuble y uno de los grandes emisores, señaló: 'Desde 2022 los médicos de la región hemos sido investigados de manera constante. Se nos ha pedido justificar nuestras licencias en plazos imposibles... parece que siempre se focalizan en los mismos médicos que atendemos mucha gente.'
La fiscalización y las respuestas institucionales
Ante esta compleja realidad, la Suseso ha endurecido su rol fiscalizador. De 400 investigaciones a médicos en 2022, se pasó a mil al año en 2025, con una tasa de sanción que subió del 20% al 80%. La superintendenta Pamela Gana destacó la colaboración con el Ministerio Público y la coordinación con Isapres y Compin para fortalecer el control del uso legítimo de las licencias.
Sin embargo, la Contraloría detectó también fallas internas en la Suseso, como la existencia de más de 5.000 cuentas activas de usuarios fallecidos en sus sistemas administrativos, situación que la superintendenta calificó como un problema habitual en auditorías, ya en proceso de corrección.
Sumarios y escándalos en regiones y Fuerzas Armadas
En la Región de Antofagasta, la Contraloría inició un sumario contra la Seremi de Salud y la Compin local por irregularidades en la gestión y control de licencias médicas, incluyendo la aprobación de permisos por funcionarios no médicos y licencias emitidas por familiares o autoextendidas. Además, se detectaron deficiencias en el resguardo de talonarios y en los sistemas informáticos que facilitan conflictos de interés.
En paralelo, la Armada confirmó la apertura de una investigación interna por 74 casos de funcionarios que viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica, sumándose a un total de 2.982 funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería que habrían incumplido sus periodos de reposo.
Voces enfrentadas y el debate público
El debate sobre las licencias médicas ha puesto en el centro del escenario a médicos, autoridades y ciudadanos.
Por un lado, sectores políticos y sociales exigen mayor transparencia y sanciones ejemplares para quienes abusan del sistema, argumentando que el fraude desangra las finanzas públicas y privadas, y afecta la credibilidad del sistema de salud.
Por otro, médicos y gremios alertan sobre la estigmatización y persecución que sufren, especialmente quienes atienden a un gran número de pacientes o ejercen en especialidades con alta probabilidad de emitir licencias legítimas en cantidad. Denuncian además la presión administrativa y la dificultad para justificar licencias en tiempos breves.
Natalia González Bañados, presidenta del Consejo para la Transparencia, enfatizó: 'Cuando existen antecedentes que apuntan a prácticas abusivas, es esencial reforzar el escrutinio y los controles para no seguir minando la credibilidad del sistema.'
Constataciones y consecuencias
Este entramado de hechos y voces deja en evidencia que el sistema de licencias médicas en Chile enfrenta una encrucijada crítica. Por un lado, la existencia de fraudes comprobados y fallas en la gestión y control que requieren acción decidida para proteger recursos y la legitimidad del sistema. Por otro, la necesidad de reconocer la complejidad del ejercicio médico y evitar que la fiscalización excesiva termine perjudicando a quienes actúan de buena fe.
La crisis ha impulsado un aumento significativo en las investigaciones y sanciones, pero también ha revelado deficiencias institucionales y conflictos de intereses que persisten en la tramitación y control de licencias. La tensión entre transparencia, justicia y confianza pública permanece viva, y su resolución demandará un diálogo abierto, reformas estructurales y una mirada que integre las diversas perspectivas sociales, políticas y profesionales.
En definitiva, la historia de las licencias médicas en Chile no es solo un caso de irregularidades aisladas, sino un espejo de las tensiones profundas que atraviesan el sistema de salud, las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto.