
En las últimas semanas, el caso Bielorrusia ha puesto en el centro del debate público a Ángela Vivanco, ex ministra de la Corte Suprema, quien enfrenta una querella presentada por el Ministerio Público que la acusa de irregularidades en decisiones judiciales vinculadas a empresas y actores políticos. El 25 de noviembre de 2025, Vivanco rompió el silencio en una entrevista televisiva, negando categóricamente cualquier vínculo ilícito y calificando las acusaciones como "absurdas" y carentes de pruebas concretas.
Su defensa se apoya en la afirmación de que sus fallos, incluyendo los emblemáticos casos Velas–Movitec y Fundamenta, se basaron estrictamente en criterios legales, sin influencias externas. "Me están declarando culpable y yo tengo que probar mi inocencia", declaró, evidenciando la sensación de estar siendo juzgada no solo en tribunales, sino también en la arena mediática.
Este episodio ha desatado una disputa que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno político y social. Desde sectores conservadores, se enfatiza la necesidad de preservar la independencia judicial y se cuestiona la legitimidad del proceso, denunciando un uso político de la justicia. En contraste, voces progresistas y organizaciones sociales demandan transparencia y rigor, señalando que la impunidad en altos estratos judiciales daña la confianza ciudadana.
Regionalmente, el caso ha tenido un impacto desigual. En la capital, la atención mediática ha sido intensa, mientras que en regiones la discusión se ha centrado más en el desgaste institucional que en los detalles específicos del caso. Ciudadanos consultados expresan una mezcla de incredulidad y cansancio ante la repetición de escándalos que parecen no resolverse.
Además, expertos en derecho destacan que el proceso enfrenta desafíos en cuanto a la presentación y valoración de pruebas, y advierten sobre los riesgos de un juicio paralelo que puede afectar la presunción de inocencia. El análisis histórico recuerda que casos similares han dejado heridas profundas en la confianza hacia el sistema judicial chileno.
A casi un mes de la querella, el proceso sigue abierto, con investigaciones en curso y sin resoluciones definitivas. La ex ministra insiste en que su actuar fue conforme a la ley y que no hay evidencias que sustenten las imputaciones, mientras el Ministerio Público mantiene su acusación.
Este enfrentamiento judicial y mediático revela más que un caso particular: expone la tensión entre la justicia y la política, la fragilidad institucional y la necesidad de mecanismos que garanticen procesos justos y transparentes. La polarización que genera también invita a reflexionar sobre cómo se construye la verdad pública en un país donde la confianza en las instituciones está en juego.
En definitiva, el caso Bielorrusia y la figura de Ángela Vivanco son un espejo de las complejidades que enfrenta Chile en su camino hacia una justicia independiente y creíble, donde la verdad y la presunción de inocencia deben coexistir sin que el ruido mediático distorsione la realidad.
Fuentes consultadas incluyen declaraciones oficiales de la ex ministra, informes del Ministerio Público y análisis de expertos en derecho y ciencias sociales publicados en medios nacionales durante noviembre de 2025.