
El pasado junio, la administración de Donald Trump ordenó el despliegue de cerca de 700 marines en Los Ángeles, California, en un movimiento que encendió una crisis política y legal entre el gobierno federal y el estado más poblado de Estados Unidos. Esta decisión se tomó pese a la oposición expresa del gobernador demócrata Gavin Newsom, quien calificó la medida como un abuso y anunció una demanda contra el presidente.
El conflicto no es nuevo ni aislado. Desde el inicio del mandato de Trump, la relación con líderes demócratas como Newsom ha estado marcada por la confrontación. El gobernador, considerado un posible candidato presidencial para 2028, ha sido una figura central en la resistencia contra las políticas federales, especialmente en materia migratoria y de derechos civiles.
"Esta es una crisis fabricada para permitirle tomar el control de una milicia estatal, dañando así los cimientos mismos de nuestra república", declaró Newsom, acompañado por el fiscal general Rob Bonta, al anunciar la demanda contra el despliegue militar.
Por su parte, Trump defendió la acción como necesaria para mantener el orden en una ciudad sacudida por protestas y disturbios, acusando a los manifestantes de ser "agitadores profesionales" y sugiriendo incluso que el director interino del ICE debería arrestar a Newsom. "A Gavin le gusta la publicidad... es tremendamente incompetente, todo el mundo lo sabe", afirmó el expresidente.
El despliegue federal de la Guardia Nacional sin consentimiento estatal es una medida excepcional, con antecedentes remotos como el envío de tropas en 1965 para proteger manifestantes de derechos civiles en Alabama. Sin embargo, la acción de Trump rompió con la práctica habitual de coordinar estas decisiones con los gobiernos locales.
Expertos legales y políticos han interpretado esta movida como un intento deliberado de expandir y demostrar el poder presidencial más allá de sus límites tradicionales. Ryan Enos, profesor de gobierno en Harvard, calificó el despliegue como "una demostración autoritaria de fuerza", mientras que Andrew Weinstein, exdelegado público ante la ONU, advirtió que estas acciones forman parte de una estrategia que erosiona paulatinamente la democracia estadounidense.
En Los Ángeles, el despliegue militar coincidió con protestas masivas contra redadas migratorias federales, algunas de las cuales derivaron en enfrentamientos con la policía y daños materiales, como el incendio de taxis autónomos de Waymo. Testigos reportaron el uso de gases lacrimógenos por parte de la Guardia Nacional y la Policía local.
Desde la perspectiva ciudadana, la medida generó sentimientos encontrados: mientras algunos sectores apoyaban el orden impuesto, otros denunciaban una escalada represiva que atenta contra derechos fundamentales y la autonomía local.
El despliegue de marines en Los Ángeles en 2025 ha dejado claro que el equilibrio entre poderes federales y estatales está en tensión, especialmente en contextos de polarización política. La legalidad y legitimidad de acciones presidenciales que ignoran la voluntad estatal siguen siendo objeto de debate y litigio.
Además, la crisis expuso la fragilidad de los mecanismos democráticos frente a decisiones autoritarias que pueden erosionar la confianza social y la cohesión nacional.
Finalmente, esta historia invita a reflexionar sobre los límites del poder en sistemas federales y la necesidad de fortalecer canales de diálogo y respeto institucional para evitar que la confrontación desemboque en la desestabilización política y social.
2025-11-12
2025-11-12