Avances en la búsqueda de verdad y justicia en Chile: un paso simbólico que interpela al Estado

Un avance con sabor a deuda histórica

El 9 de junio de 2025, el gobierno chileno inició la entrega de carpetas con toda la información oficial disponible sobre detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, a sus familiares. Este acto, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, representa un paso tangible del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que busca responder a una demanda que ha atravesado generaciones.

"Un país se construye desde los símbolos", afirmó Boric, subrayando que la entrega de estas carpetas no es un simple trámite administrativo, sino un gesto que busca reparar el tejido social y garantizar que la historia dolorosa no se repita.

Perspectivas encontradas: memoria, política y justicia

Desde la izquierda, el proceso ha sido celebrado como un avance en la lucha por la verdad y la justicia, destacando la importancia de reconocer la responsabilidad estatal en las desapariciones. Para organizaciones de derechos humanos, la entrega de información es un acto necesario para que las familias puedan avanzar en sus procesos de duelo y búsqueda de reparación.

"La justicia sin privilegios y la verdad sin excusas no son jamás una provocación", enfatizó el mandatario, en un mensaje dirigido tanto a los familiares como a la sociedad en general.

Sin embargo, sectores conservadores y algunos críticos han minimizado el acto, calificándolo de simbólico y cuestionando su impacto real. Este enfoque refleja una tensión persistente en la sociedad chilena sobre cómo abordar el legado de la dictadura y la memoria histórica.

Impacto regional y social

La entrega de carpetas no solo tiene un valor nacional sino también regional, ya que las oficinas del Programa de Derechos Humanos y las seremis del Ministerio de Justicia en distintas regiones facilitan el acceso a la información, buscando descentralizar este proceso y acercarlo a las familias afectadas.

En el plano social, el acto ha reavivado debates sobre la construcción de la memoria colectiva y el rol del Estado en la reparación. Para muchos familiares, la información contenida en estas carpetas representa la única ventana a la verdad sobre el destino de sus seres queridos.

Verdades y consecuencias

A casi cinco décadas del fin de la dictadura, la entrega de estas carpetas confirma que la búsqueda de verdad y justicia sigue siendo un desafío pendiente para Chile. Aunque simbólica para algunos, esta acción es un reconocimiento ineludible de la responsabilidad estatal y un intento por sanar heridas profundas.

Queda en evidencia que la memoria histórica no es un terreno neutral: está cargada de disputas políticas, sociales y emocionales. El avance logrado demuestra que, para construir un país más justo, es imprescindible enfrentar estas heridas con transparencia y compromiso.

Finalmente, este proceso reafirma que la garantía de no repetición requiere, antes que nada, conocer la verdad, por dolorosa que esta sea. La sociedad chilena se encuentra, una vez más, frente a un espejo incómodo, pero necesario para su futuro.