
En junio de 2025, Puente Alto fue escenario de un episodio que encendió las alarmas en la opinión pública y en los círculos políticos: la detención de tres sujetos que protagonizaron un 'tour delictual' en la comuna, robando vehículos y cometiendo intentos de atraco en pocas horas. Este hecho, aparentemente aislado, ha evolucionado en los meses siguientes hacia un debate profundo sobre las causas y consecuencias de la criminalidad urbana en sectores periféricos de Santiago.
El 9 de junio, dos hombres adultos de 33 y 19 años, junto a un menor de 17, fueron detenidos tras ser sorprendidos en un vehículo robado minutos antes en la calle Juan de Dios Malebrán, además de intentar otro robo en la calle Coquimbo. La rapidez y agresividad delictual llamó la atención de vecinos y autoridades, que calificaron este modus operandi como un 'tour delictual'.
Desde el gobierno, la ministra del Interior destacó la acción policial como un ejemplo de eficiencia, pero reconoció que estos hechos reflejan problemas mayores en la seguridad pública. "No podemos quedarnos en la reacción, necesitamos una estrategia integral que aborde las causas profundas de la delincuencia", señaló en una entrevista.
Por su parte, la policía ha reforzado patrullajes en la zona y promovido operativos focalizados, aunque fuentes internas admiten que la presión sobre los recursos y la falta de políticas preventivas limitan el impacto a largo plazo.
Vecinos de Puente Alto han expresado una mezcla de temor e indignación. Algunos reclaman mayor presencia policial, mientras otros apuntan a la necesidad de políticas sociales que eviten que jóvenes terminen en la delincuencia. "No es solo un problema policial, es social. Si no hay oportunidades, los chicos buscan caminos fáciles", comenta una dirigente vecinal.
Académicos y especialistas en criminología coinciden en que este fenómeno no es exclusivo de Puente Alto, sino un síntoma de desigualdad, exclusión y fallas en la reinserción social. Un estudio reciente de la Universidad de Chile concluye que los delitos cometidos por bandas juveniles en zonas periféricas aumentaron un 15% en el último año, vinculados a factores como deserción escolar y precariedad laboral.
En el Congreso, la derecha ha impulsado propuestas para endurecer penas y aumentar la presencia policial, argumentando que la seguridad es un derecho básico. En contraste, sectores de izquierda y organizaciones sociales llaman a invertir en prevención, educación y programas de inclusión.
Este choque de visiones ha generado un debate público intenso, con manifestaciones y foros ciudadanos que reflejan la complejidad del problema.
El caso del tour delictual en Puente Alto es más que un episodio policial: es un espejo de las tensiones sociales que atraviesan a Chile en 2025. La criminalidad juvenil, la percepción de inseguridad y la respuesta estatal forman un ciclo que no se resuelve con medidas aisladas.
Como espectadores de esta tragedia social, queda claro que la seguridad ciudadana exige un enfoque multidimensional, que combine justicia, prevención y reparación social. La polarización política y la fragmentación social dificultan acuerdos, pero también subrayan la urgencia de un diálogo sincero y constructivo.
El futuro de Puente Alto y otras comunas similares dependerá de la capacidad colectiva para enfrentar estas realidades con valentía y visión de largo plazo.