Aumento de antisemitismo en Chile: una crisis que el Estado aún no logra contener

Un clima de miedo y desprotección se ha instalado en la comunidad judía chilena desde octubre de 2023, cuando comenzaron a registrarse una serie de actos de vandalismo y hostigamiento que han escalado en intensidad y frecuencia. Desde entonces, sinagogas en Santiago y Concepción han sido blanco de rayados con consignas anti sionistas y mensajes que vinculan a la comunidad judía con las acciones militares de Israel en Palestina. La sinagoga Bicur Joilim, por ejemplo, sufrió múltiples ataques, incluyendo la fijación de un cartel con la pregunta '¿Qué piensa la sinagoga sobre la genocida en Palestina?' en julio de 2024, mientras que en octubre de 2024, símbolos religiosos fueron vandalizados en varias ciudades, incluyendo Santiago y Valparaíso.

Nazila Ghanea, relatora especial de la ONU sobre libertad religiosa, expresó en marzo de 2025 su profunda preocupación por estos hechos y la falta de progreso en las investigaciones por parte de las autoridades chilenas. En su carta al Presidente Boric, Ghanea alertó que la ausencia de condenas públicas y la impunidad podrían estar alimentando una cultura que permite la reproducción de estos ataques.

Este escenario ha polarizado las opiniones en el espectro político y social. Por un lado, sectores de izquierda y organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de respuesta eficaz del Estado, señalando que el discurso público de algunos políticos ha sido ambiguo o incluso hostil hacia la comunidad judía, lo que contribuye a la normalización del odio. Por otro lado, grupos vinculados a movimientos pro palestinos argumentan que las expresiones contra el Estado de Israel no deben confundirse con antisemitismo, aunque reconocen que la línea entre crítica política y hostigamiento ha sido cruzada en varios casos.

La comunidad judía, sin embargo, vive la situación con temor palpable. Testimonios recogidos por distintos medios y organizaciones relatan episodios de acoso directo, amenazas verbales y un ambiente creciente de inseguridad, especialmente en espacios públicos y religiosos. Además, turistas judíos han reportado hostigamientos durante su estadía en el país.

Desde el gobierno, la respuesta ha sido hasta ahora limitada a declaraciones formales y procesos de recopilación de información. Tomás Pascual, embajador y director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó que están trabajando para entregar una respuesta completa a la ONU, reiterando el compromiso de Chile con los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la ausencia de medidas concretas y visibles ha generado críticas desde diversos sectores.

En términos históricos, Chile no es un país con antecedentes recientes de antisemitismo masivo, pero la crisis actual revela una tensión latente que se ha exacerbado por la conflagración en Medio Oriente y la polarización política interna. El fenómeno no solo pone en jaque la seguridad de una minoría, sino que también desafía la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos frente a discursos de odio y violencia simbólica.

Las consecuencias de esta crisis se extienden más allá del ámbito comunitario: la percepción de impunidad y la falta de condenas públicas pueden erosionar la confianza en las instituciones y aumentar la fragmentación social. Además, la controversia sobre la frontera entre libertad de expresión y discurso de odio plantea un desafío jurídico y ético para el país.

En conclusión, la situación del antisemitismo en Chile, lejos de ser un problema aislado, es un espejo de las tensiones sociales y políticas actuales. La falta de avances en las investigaciones y la ausencia de un pronunciamiento claro y contundente por parte de las autoridades han dejado a la comunidad judía en una posición vulnerable, mientras que el debate público continúa dividido entre quienes exigen protección y quienes advierten sobre la complejidad de los discursos en juego.

Este episodio invita a reflexionar sobre la responsabilidad estatal y ciudadana en la defensa de los derechos humanos, la necesidad de una política pública que enfrente el odio con firmeza, y la importancia de construir un diálogo que permita distinguir la crítica legítima de la discriminación y el prejuicio.

Fuentes consultadas incluyen la carta de la relatora especial de la ONU Nazila Ghanea, informes de La Tercera y declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.