
El 9 de junio de 2025, un corte masivo de luz dejó sin suministro eléctrico a 84.000 clientes en Santiago, afectando principalmente a las comunas de La Cisterna, La Granja, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, San Miguel y San Ramón. A más de cinco meses de ocurrido el incidente, el análisis de sus causas, consecuencias y las voces que emergieron permiten una lectura más profunda que va más allá de la emergencia inicial.
Según Enel Distribución, el corte se debió a una falla externa de alta tensión, ajena a la operadora, que desencadenó una interrupción en cadena del suministro. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó que, tras los trabajos de reparación, aún quedaban clientes afectados, reflejando la complejidad de restablecer un sistema tan interdependiente.
Este hecho expuso la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica en zonas históricamente marginadas, donde la calidad y rapidez del servicio son más precarias. La falta de información clara y oportuna durante las primeras horas del corte generó además un clima de incertidumbre y críticas hacia las autoridades y la empresa.
Desde la oposición, figuras como la diputada María Valenzuela señalaron que "este corte es un síntoma de la falta de inversión y planificación estatal en infraestructura básica". Para sectores críticos, el episodio pone en evidencia la insuficiencia de políticas públicas que protejan a la ciudadanía frente a fallas técnicas, además de denunciar la falta de transparencia en la gestión privada del suministro eléctrico.
En contraste, el gobierno y representantes de Enel defendieron la actuación durante la emergencia, destacando la “rápida movilización de equipos técnicos y la complejidad de la falla externa que escapa a la concesionaria”. Asimismo, insistieron en la necesidad de fortalecer la cooperación público-privada para mejorar la resiliencia del sistema.
Organizaciones sociales y vecinos afectados relataron los efectos cotidianos del corte, que no solo implicó incomodidad, sino también riesgos para la salud, seguridad y economía local. En sectores donde la precariedad es mayor, la falta de luz afectó desde la conservación de alimentos hasta la seguridad nocturna, aumentando la sensación de abandono.
“El apagón nos dejó a oscuras, pero también nos mostró la desigualdad que enfrentamos día a día en estas comunas”, comentó una dirigente vecinal de Lo Espejo. Para pequeños comerciantes, el corte significó pérdidas directas y un golpe al ya frágil tejido económico local.
La falla de junio no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto más amplio de desafíos para el sistema eléctrico chileno, marcado por la necesidad de modernización, mayor inversión en infraestructura y una regulación que asegure calidad y equidad en el servicio.
En este escenario, la controversia entre actores públicos y privados revela tensiones profundas sobre cómo se debe gestionar un recurso esencial para la vida urbana. La demanda ciudadana por transparencia, responsabilidad y mejoras concretas se mantiene latente.
La verdad que emerge es que el apagón fue un síntoma visible de fragilidades estructurales que requieren respuestas integrales y no solo paliativos técnicos. La consecuencia más clara es la urgencia de un debate informado y plural sobre el futuro energético, que incorpore no solo aspectos técnicos, sino también sociales y políticos, para evitar que episodios similares vuelvan a dejar a miles en la oscuridad.
- Cooperativa.cl, "Falla de alta tensión afectó suministro de luz a 84 mil clientes en Santiago", 9 de junio de 2025.
- Declaraciones públicas de Enel Distribución y SEC.
- Testimonios de dirigentes vecinales y análisis de expertos en infraestructura energética.