
En el corazón de La Cisterna, un drama que estremeció a la comunidad ha dejado ver, con toda crudeza, las múltiples caras de la violencia urbana en Chile. El 22 de agosto de 2025, una mujer y su hijo de cinco años fueron mantenidos cautivos en una vivienda de la comuna, sufriendo lesiones leves y amenazas con el fin de obtener un rescate. Días después, el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó prisión preventiva para una mujer acusada de facilitar el inmueble donde ocurrieron los hechos, mientras que, meses antes, otra banda dedicada a robos violentos en la misma comuna había sido detenida y enviada a prisión preventiva.
Este escenario, que podría parecer aislado, revela un entramado complejo que involucra seguridad pública, justicia, migración y percepción ciudadana.
### Una mirada desde el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad
“Se logró la identificación y detención de los responsables, reforzando la confianza en el sistema de justicia,” afirmó el fiscal Ignacio Pefaur, encargado de la investigación de la banda de robos violentos que operó entre noviembre de 2024 y enero de 2025. En paralelo, la Fiscalía destacó la labor de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI, que permitió la liberación de la madre y su hijo y la formalización de la mujer vinculada al secuestro.
Sin embargo, a pesar de estas acciones, los captores principales del secuestro aún no han sido capturados, lo que mantiene viva la sensación de inseguridad en la comuna.
### Voces encontradas: migración, marginalidad y seguridad ciudadana
La mujer formalizada por facilitar la vivienda es de nacionalidad venezolana y se encontraba en situación migratoria irregular. Este dato ha sido utilizado por distintos sectores políticos para alimentar discursos contrapuestos.
Por un lado, sectores conservadores y algunos vecinos han vinculado el aumento de la delincuencia en La Cisterna con la presencia de extranjeros en situación irregular, exigiendo medidas más estrictas en control migratorio y seguridad.
En contraparte, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos migrantes advierten sobre la estigmatización de las personas extranjeras y llaman a abordar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades.
“El foco no debe estar en la nacionalidad, sino en las condiciones que permiten que estos delitos ocurran,” señala la vocera de una ONG local dedicada a la integración social.
### Impacto comunitario y respuesta social
Los vecinos de La Cisterna han vivido una montaña rusa emocional entre el miedo, la indignación y la esperanza. La sensación de inseguridad ha provocado movilizaciones vecinales y un llamado a las autoridades para reforzar la presencia policial y mejorar las políticas de prevención.
Al mismo tiempo, se ha generado un debate sobre la necesidad de políticas integrales que incluyan prevención social, apoyo a víctimas y programas de reinserción para infractores.
### Conclusiones y aprendizajes
Este episodio en La Cisterna evidencia que la violencia urbana no es un fenómeno unívoco ni simplificable. La prisión preventiva para los involucrados marca un avance judicial, pero no cierra la herida social ni la incertidumbre comunitaria. La narrativa que emerge desafía a las autoridades y a la sociedad a mirar más allá de la inmediatez y el sensacionalismo, invitando a una reflexión profunda sobre las raíces del conflicto, la integración social y el rol del Estado.
En definitiva, la tragedia vivida por una madre y su hijo pone en escena un coliseo donde se enfrentan no solo delincuentes y justicia, sino también discursos, prejuicios y esperanzas que definen el Chile contemporáneo.